El 26 de julio vence el plazo que dio la Procuraduría al Alcalde de Cartagena para ordenar la demolición del edificio Aquarela

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En menos de dos semanas se podría definir la suerte de uno de los proyectos urbanísticos más polémicos del país en los últimos años, el cual está a punto de convertirse en otro ‘elefante blanco’: el Edificio Aquarela, en Cartagena.

Se trata de un complejo de torres para vivienda de interés social que desde su nacimiento no ha dejado de generar malestar en diferentes sectores, y hasta llamó la atención de la Unesco -Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-, que recomendó la demolición de la obra, paralizada hace ya más de dos años.

Ese día, 26 de julio, vence el plazo que dio la Procuraduría General de la Nación para que el alcalde de ‘La Heroica’, William Dau Chamatt, declare el Estado de  calamidad pública y ordene la demolición de la obra que se encuentra muy cerca del Castillo de San Felipe de Barajas.

De no hacerlo podría ser sancionado por incumplir un mandato del Código Nacional de Policía, y el Ministerio Público podría sancionarlo por un año y hasta destituirlo del cargo. Pero el Alcalde se ampara en que no ordena la demolición “sin orden judicial”, pues ha dicho que el Ministerio Público “no es autoridad judicial”.

Encrucijada

La suerte del complejo urbanístico comenzó a perfilarse en junio de 2018 cuando una comisión de la Unesco visitó Cartagena y consideró que la torre 1 del edificio Aquarela “amenaza” la condición de ‘La Heroica’ como Patrimonio Histórico de la Humanidad.

Y es que Aquarela está ubicado en la manzana 186 del barrio Torices, a unos 200 metros del Castillo de San Felipe de Barajas. Está proyectada la construcción de cinco torres de 32 pisos que, en conjunto, suman 952 apartamentos de interés social de entre 43 y 56 metros cuadrados.

Los constructores, la Sociedad Promotora Calle 47 que agrupa a reconocidas organizaciones antioqueñas del sector de la construcción, obtuvo las licencias de construcción para las cinco torres proyectadas entre diciembre de 2015 cuando el acalde era Dionisio Araújo y septiembre de 2017 en la administración de Manuel Vicente Duque. Incluso, contó con el aval de Aguas de Cartagena, la Corporación de Vivienda de Cartagena, así como el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.

No obstante, para ese momento ya el Ministerio de Cultura había advertido de la posible afectación al patrimonio arquitectónico de la ciudad, por lo cual instauró una acción popular fallada en primera instancia. Después, el tema fue abordado por el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco que sesionó a mediados de 2018 en Bakú, Azerbaiyán.

Fue entonces cuando llegó al país la visita de la Unesco cuyo informe es contundente: “El edificio construido debe ser demolido y suspendido indefinidamente. La misión recomienda al Estado Parte continuar con los esfuerzos realizados y hacer uso de todos los instrumentos legales para detener indefinidamente la construcción del proyecto y demoler lo que se ha construido, tomando en cuenta la amenaza que este representa para la conservación de los atributos que sustentan el Valor Universal excepcional de Cartagena como bien Patrimonio Mundial”.

En otras palabras, si el Aquarela no es demolido Cartagena podría perder su condición de Patrimonio Histórico de la Humanidad. Así de fácil. Más aún, la misión de la Unesco fijó un plazo perentorio al Estado colombiano: 1º de diciembre de 2020.

Ese día Colombia tiene que presentar un informe no solo del caso Aquarela sino de otros bienes patrimoniales reconocidos por la Unesco, y de su análisis dependerá que conserven tal condición.

Historia

El mal momento del Aquarela comenzó en octubre de 2018 cuando la Inspectora de Policía de la Comuna 2 de Cartagena sancionó a Promotora Calle 47 S.A.S., por infringir las normas urbanísticas. Le ordenó el pago de $156 millones y le ordenó restituir 619 metros del espacio público. Pero ya la torre tenía 32 pisos de construcción en obra negra.

Entonces, el Ministerio de Cultura encargó a la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) un estudio técnico para determinar cómo restituir el espacio público.

El resultado de la SCI fue crudo: para restituir esos 619 metros hay que demoler el edificio debido a “fallas estructurales que no admite modificación o intervención”.

Además, dice la SCI, el edificio no cuenta con normas de sismicidad, resistencia al fuego y tiene deficiencias estructurales, entre otros aspectos.

Para evitar la demolición, la constructora propuso mantener las cinco torres pero reducir su altura en 30% para no obstruir la visibilidad, propuesta que no fue aceptada por el entonces alcalde Pedrito Pereira.

Y ahora, tras conocerse el concepto de la SCI, la Procuraduría conminó al alcalde Dau a demoler la construcción.

El argumento del Ministerio Público es que hay cuatro acciones legales que así lo determinan (ver recuadro), pues de lo contrario el Alcalde podría incurrir en desacato a resolución judicial.

Sin embargo, el burgomaestre plantea que mientras la decisión no quede en firme por sentencia judicial. Dau, además, sostiene que de los cuatro procesos en curso, entre judiciales y administrativos, solamente está en firme la decisión policiva que obliga a recuperar el espacio público “lo que no implica la demolición del Aquarela”.

“Las demás acciones legales están en curso, mientras no haya decisión de un juez de la República no podemos tomar decisiones que puedan meter a la ciudad en problemas y pagar miles de millones en indemnización”.

Pero la Procuraduría le advierte al Alcalde que debe adoptar la declaratoria de calamidad y proceder a la demolición del edificio, de lo contrario podría ser sancionado por un año y hasta destituido.

Los procesos judiciales del Aquarela

Estos son los procesos judiciales y administrativos en curso contra de la Promotora Calle 47 por la construcción del edificio Aquarela de Cartagena:

- Acción popular instaurada por el Ministerio de Cultura por la afectación al Castillo San Felipe de Barajas.

- Proceso policivo en la Inspección de Policía de la Comuna No. 2 por violación de normas urbanísticas. Se ordenó el sellamiento de la obra, la restitución de 619 metros cuadrados y el pago de una multa de $156 millones.

- Proceso penal de la Fiscalía contra el curador urbano No.1 de Cartagena.

- Acción de nulidad contra las licencias de construcción, promovida por la Procuraduría General de la Nación.