Por presuntas irregularidades contractuales, al no ejercer el control y vigilancia que le correspondía en la etapa contractual de un proceso y la celebración del negocio jurídico que hiciera su entonces secretario de educación, la Procuraduría formuló pliego de cargos al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

De igual forma, formuló cargos al exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, por presuntas irregularidades relacionadas con la suscripción del pliego de condiciones, en el proceso de subasta inversa No. SASI 015-2015, por cerca de $2.000 millones. 

El órgano de control reprochó también el comportamiento de los exsecretarios General, César Cerchiaro de La Rosa, y de Educación de la Gobernación del Cesar, Juan Carlos Calderón Araujo, porque al parecer vulneraron el principio de transparencia y selección objetiva al suscribir el estudio previo del proceso de selección No. LP-SGR-0004-2013, y firmar la Resolución 001713, que adoptó el pliego de condiciones para el proceso contractual y el contrato No. 2013-02-0808

En el caso del exmandatario departamental, la Procuraduría le cuestionó presuntamente no ejercer control y vigilancia, propia de sus funciones, en un proceso realizado por el entonces secretario Cerchiaro de la Rosa, quien determinó para un negocio jurídico la modalidad de contratación la licitación pública, cuando correspondía adelantar una selección abreviada, teniendo en cuenta que se trataba de acuerdo de voluntades para la dotación de vestido y calzado de los docentes adscritos al departamento. 

 Así mismo, advirtió que en el pliego de condiciones adoptado por Cerchiaro de La Rosa se incluyeron presuntamente criterios de calificación no objetivos, y una condición que pudo haber restringido la libre concurrencia de oferentes. 

En cuanto al exalcalde de Valledupar, la Procuraduría le reprochó   el presunto actuar irregular de la exjefe de la Oficina Jurídica, Mery María Romero Mestre, al adjudicar la subasta a través de la Resolución No. 003892 y celebrar el contrato 784, del 28 de diciembre de 2015, sin presuntamente tener en cuenta que el pliego, al parecer, tenía condiciones restrictivas y discriminatorias de la libre concurrencia de oferentes.

La Procuraduría cuestionó una presunta vulneración al principio de transparencia y responsabilidad y calificó de manera provisional la supuesta falta de los investigados, como gravísima a título de culpa gravísima.