Fue desmantelada una organización que se dedicaba a buscar a empresas o personas multadas por irregularidades ambientales y les ofrecieron servicios particulares para ayudarles a solucionar la sanción.

Es así como la Fiscalía capturó a dos funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y de dos particulares, quienes habrían montado una oficina paralela utilizada para contactar a personas sancionadas por la afectación de recursos naturales y a quienes, a cambio de coimas, les prometían no aplicar las multas o en su defecto disminuirlas.

Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía, un ingeniero de minas y un ingeniero agrónomo, ambos profesionales universitarios en Corpoboyacá, se habrían dado a la tarea de hacer uso de las bases de datos de la entidad para ubicar infractores ambientales y ofrecerles sus servicios ilegales.

El proceso investigativo inició el 5 de junio de 2017. La Fiscalía encontró que los implicados, al parecer, identificaban a los sancionados, les recomendaban los servicios profesionales de un abogado quien, hasta el 15 de noviembre de 2017, se había desempeñado como funcionario de Corpoboyacá y supuestamente les ayudaría a reducir los montos a pagar o mediaría para la expedición de licencias ambientales, a pesar de que en muchos casos el solicitante afectaba los ecosistemas nativos y no cumplía con los requerimientos legales.

El conocimiento y los vínculos que el abogado sostenía con funcionarios de la Corporación Autónoma serían la garantía para concretar los ofrecimientos ilícitos, en muchas oportunidades a partir de expedientes que sustraían de la misma entidad.

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Otras de las maniobras estarían relacionadas con las visitas técnicas que realizaba Corpoboyacá. Los dos funcionarios y los particulares hoy investigados advertían las fechas programadas para las revisiones que realizaba la entidad, y proponía un plan de adecuaciones y mejoras para que los terceros interesados pasaran las revisiones sin contratiempos.

De la misma manera, hay indicios que vinculan a la esposa del abogado, quien sería la persona que contactaba presuntos clientes y recibía los dineros pactados para concretar el delito.

En las investigaciones fueron identificados ocho procesos en los que Corpoboyacá habría impuesto sanciones y los señalados integrantes de la empresa paralela habrían intervenido para eliminar o disminuir los montos por diferentes conductas como: incumplimientos en los planes de manejo ambiental, falta de permisos para la explotación de carbón, ausencia de autorizaciones para ampliar la frontera agrícola para el cultivo de papa, ilícita comercialización de madera en Villa de Leyva y afectación de áreas protegidas como humedales en Nobsa.

Un fiscal de la Seccional Boyacá obtuvo cuatro órdenes de captura, las cuales se hicieron efectivas por investigadores del CTI. Las personas detenidas son: un ingeniero de minas y uno agrónomo, profesionales universitarios en Corpoboyacá, y un abogado, exfuncionario de Corpoboyacá.

A los cuatro indiciados la Fiscalía les imputará cargos por el delito de cohecho propio.

Otra de las investigaciones realizadas en la jornada especial del plan Bolsillos de Cristal en Boyacá, puso en evidencia a dos patrulleros adscritos a la Dirección Nacional de Carabineros, quienes habrían visitado en varias ocasiones las ladrilleras ubicadas en una vereda de Tunja y, al parecer, hicieron exigencias económicas a mineros de la zona para permitirles la explotación del recurso.

De acuerdo con el material recopilado, las coimas oscilaban entre $300.000 y $750.000. A cambio del pago ilícito, los uniformados no reportarían las anomalías encontradas para evitar el posible cierre de las empresas.  En las próximas horas los dos investigados serán presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía les formulará cargos por concusión.