El 30 de agosto pasado, como lo publicó en su momento EL NUEVO SIGLO, debieron acudir a las urnas los pobladores de Sutatausa, un municipio cundinamarqués, ubicado en la Provincia de Ubaté, a 88 kilómetros al norte de Bogotá, distancia que suele recorrerse en apenas hora y media.
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Ocho meses habían permanecido allí con un alcalde encargado y ese día escogieron a Jaime Humberto Arévalo, avalado por la Alianza Social Independiente (ASI), como mandatario titular ya que el originalmente elegido, José Humberto Rodríguez, no pudo posesionarse como lo hicieron sus colegas de todo el país, el 1 de enero de este año, porque casi un mes antes, el 3 de diciembre, fue asesinado.
Ahora el crimen pareciera estar a punto de esclarecerse, cuando faltan apenas ocho días que se cumpla un año de su ocurrencia.
Homicidio
El alcalde electo Rodríguez, avalado por la Coalición por el Progreso de Sutatausa (integrada por la ASI, Cambio Radical y la Alianza Verde), por quien sufragaron 1.525 de sus vecinos, fue alcanzado por disparos que le fueron propinados a eso de las 7 de la noche, en la fecha mencionada, mientras ingresaba a su casa, en el municipio que lo había escogido como burgomaestre, a donde regresaba luego de haberse reunido en Bogotá con otros alcaldes electos y el comandante de la Policía de Cundinamarca para hablar sobre temas seguridad.
Aunque la campaña había sido particularmente dura, con uso de las consabidas ‘fake news’, el alcalde Rodríguez no temía por su vida, a tal punto que se movilizó esa noche, como lo hizo en el día y era su costumbre, en bus intermunicipal y sin escoltas (cuya asignación tampoco había considerado necesario pedir).
A pocas cuadras de la residencia fue abordado por dos personas, una de las cuales se le acercó, le apuntó a la cara y abrió fuego con una pistola con silenciador.
El mandatario falleció a las 11:10 de la noche en la Clínica La Sabana de Chía, también en Cundinamarca, como consecuencia de una muerte cerebral ocasionada por los impactos de bala.
Al día siguiente, un equipo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), de la Fiscalía, y de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), de la Policía Nacional, fue desplegado a la población cundinamarquesa para hacer las respectivas entrevistas con la comunidad y analizar los circuitos cerrados de televisión para determinar la identidad de los delincuentes.
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Paralelamente, las autoridades ofrecieron una recompensa de $50 millones para dar con el paradero de los asesinos del alcalde.
Determinador
Lo que unos y otros estaban lejos de imaginar es que las pesquisas conducirían a tener indicios suficientes para suponer que detrás de los autores materiales del crimen estaría otro dirigente político local, más específicamente un casi tocayo del occiso, a quien derrotó en los comicios del 27 de octubre de 2019: José Agustín Rodríguez, quien avalado por los partidos Conservador y Liberal solo obtuvo 1.221 votos, quedando segundo entre los tres aspirantes que aparecían en el tarjetón, en virtud de lo cual, tal como lo estableció la reforma de equilibrio de poderes, el Acto Legislativo 02 de 2015, le fue asignada una curul en el Concejo de Sutatausa.
La jornada electoral de 2019 fue la segunda en la que el concejal Rodríguez intentó infructuosamente ser elegido alcalde de Sutatausa; la primera vez, en 2015, recibió el aval del Partido Social de Unidad Nacional (La U), consiguiendo que solamente 1.078 de sus vecinos votaran por él, siendo vencido por Hugo Orlando Santa, del Centro Democrático, que conquistó 1.625 sufragios.
Así, mientras la víctima, el alcalde Rodríguez, no pudo asumir la tarea encomendada en las urnas por sus paisanos, su posible asesino sí fue investido como cabildante, pensando que se había salido con la suya.
El concejal Rodríguez fue capturado el jueves por la mañana cuando se aprestaba a ingresar, como si nada, a la sede del Concejo.
Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al concejal Rodríguez, señalado de ser el presunto determinador del homicidio del alcalde electo Rodríguez.
Un fiscal seccional le imputó al cabildante los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en calidad de determinador.
La información suministrada ayer por la Fiscalía señaló taxativamente que los elementos de prueba dan cuenta de que el concejal Rodríguez habría ordenado y financiado el crimen.
Según el resultado de las pesquisas del CTI y la Sijín, los móviles del homicidio estarían relacionados con disputas políticas y diferencias por los resultados de la contienda electoral de octubre de 2019.
Sicarios
En agosto, un par de días antes de las elecciones atípicas en las que se escogió a quien culminará el periodo que no pudo ejercer el alcalde asesinado, la Fiscalía, en cooperación interinstitucional con la policía judicial Sijín, logró la captura de tres personas señaladas como presuntas responsables materiales de la muerte del mandatario.
Con fundamento en la estrategia de persecución de organizaciones criminales propuesta por el fiscal Francisco Barbosa, la Seccional Cundinamarca evidenció que los procesados, al parecer, pertenecen a la estructura criminal denominada Los Cacharros, dedicada al sicariato en el departamento.
Labores investigativas permitieron identificar que los hombres detenidos, supuestamente, cumplían roles específicos dentro de la banda, así: alias ‘Caucano’, conductor de moto; alias el ‘Boyaco’, supuesto responsable de pagar el dinero y colaborar con la logística; alias el ‘Primo’, encargado de la logística; y alias ‘Firme’, posible sicario de la organización. Este último fue capturado en medio de un retén de la Policía de Tránsito en Sopó, Cundinamarca, el 10 marzo, a escasos 15 días que el Gobierno estableciera la cuarentena para afrontar la pandemia.
‘Firme’ era requerido por otros hechos, pero resultó ser el posible autor material del homicidio del alcalde Rodríguez. Esto se logró determinar en la investigación, principalmente en el rastreo de su línea telefónica, procedimiento que fue clave para unir los cabos sueltos que vincularon a los sicarios con la muerte del alcalde Rodríguez y con el papel de posible determinador del concejal Rodríguez en el crimen.
Un juez de control de garantías legalizó las capturas de los tres primeros indiciados, materializadas por la policía judicial Sijín el 26 de agosto en Bogotá, así como en los municipios de Ubaté, Cundinamarca, y Chiquinquirá, Boyacá. Durante el operativo, fue hallada la moto que al parecer utilizaron los sicarios el día del crimen.
A través del respectivo comunicado, la Fiscalía informó entonces que en consecuencia les imputaba a los cuatro los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego.
Los elementos materiales probatorios están soportados, entre otros, en las declaraciones de un testigo, quien suministró datos puntuales de los hoteles en Ubaté y Simijaca, Cundinamarca, donde se hospedaron los delincuentes entre el 1 y el 3 de diciembre de 2019, para hacerle varios seguimientos a la víctima.
En desarrollo del proceso fueron analizadas las ubicaciones de los abonados celulares de los sospechosos y el tránsito de llamadas realizadas antes y después del homicidio, coincidiendo con lo relatado por el testigo.