El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó las afirmaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que el candidato Gustavo Petro “enfrenta una guerra sucia de lo más indigna, ruin y cobarde”.

La Cancillería afirmó que esas declaraciones “constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país. Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la Presidencia de la República. Tanto los que apoyan a un candidato, como al otro, merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios”.

En su pronunciamiento, López Obrador dijo con sarcasmo los lemas que, según él, utilizan contra el candidato colombiano: “Petro: un peligro para Colombia, comunista, guerrillero” y “Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, etcétera”.

El presidente de México justificó hablar de las elecciones presidenciales en Colombia, cuya segunda vuelta será el 19 de junio, con el argumento de que él también padeció una “guerra sucia”.

“El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra, es indigna, ruin, y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia”, indicó.

A lo que la Cancillería de Colombia respondió que “con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente, sin injerencias que traten de influir en los electores”.

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Pedido sobre Quintero

De otra parte, ayer también la Cancillería se pronunció sobre el pedido de medidas cautelares del alcalde de Medellín, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, lideró la delegación de Colombia que presentó ante la Secretaría Ejecutiva de la CIDH la respuesta del Estado colombiano, que considera improcedente la solicitud de medidas cautelares.

En la reunión se destacó la compatibilidad de las funciones de la Procuraduría General de la Nación en las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por un servidor público, con las obligaciones internacionales del Estado y con la existencia de recursos procesales adecuados y efectivos en Colombia, los que se encuentran disponibles tanto en el proceso que se sigue al alcalde Quintero, como en el de cualquier otro funcionario, para resolver cualquier controversia que se haya derivado de las actuaciones de las autoridades disciplinarias a nivel nacional.

Con estos elementos y bajo el entendido de que el Estado cuenta con los mecanismos para salvaguardar los derechos del alcalde Quintero, se demostró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas y, por tanto, de la activación de la competencia de este órgano internacional en el presente asunto.

La Delegación de Colombia hizo énfasis en que la promoción de la garantía de los derechos políticos, en la cual el Estado colombiano ha estado siempre comprometido, no puede significar el debilitamiento del diseño institucional, ni del marco jurídico existente en el país y en la región, para adelantar el control eficaz y transparente a la función pública, como condición esencial para garantizar la solidez democrática y el consiguiente respeto y promoción de los derechos humanos.

En la reunión se presentaron las acciones desplegadas por el Estado en materia de seguridad personal y familiar, así como de acceso a la justicia a favor de Quintero Calle. Además, se enfatizó en el carácter motivado de la suspensión provisional dentro del proceso disciplinario, demostrando que lejos de existir algún escenario de persecución en contra del señor Quintero, en la presente contienda electoral se han adoptado idénticas medidas, al menos en el caso de otros cuatro funcionarios públicos, con diversas posturas políticas.