Poco después de que se hiciera público el pronunciamiento de la Corte Constitucional relacionado con la propuesta de esta Administración Distrital de reorganizar las 20 localidad (en 33), bajo el presupuesto de que hay demasiados desequilibrios en sus tamaños y densidades poblacionales, la Alcaldía advirtió ayer que esta será tarea de la próxima gestión de Bogotá.
“La decisión de la Corte se refiere a lo dispuesto en la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, y en la misma se aclara que la creación, modificación y delimitación de las localidades de Bogotá debe ser producto de un Proyecto de Acuerdo presentado por la Administración Distrital y aprobado por el Concejo de Bogotá. El mismo deberá ser presentado por la próxima administración. La Alcaldía Mayor de Bogotá comparte este condicionamiento de exequibilidad y hará lo propio para su debido cumplimiento”, indicó a través de un comunicado oficial la alcaldía de Claudia López.
No obstante, uno de los concejales que demandaron el paso de UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) a UPL (Unidades de Planeamiento Local), que finalmente serían localidades, Carlos Carrillo (Polo Democrático Alternativo), respondió que la alcaldesa sí trató de incorporar esta reorganización político-administrativa a través del POT, pero que la Corte no lo permitió.
“La alcaldesa Claudia López, como es costumbre, le miente a la ciudad. Desde la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla nadie había cambiado las localidades de Bogotá y quiso hacerlo de manera subrepticia en el Plan de Ordenamiento Territorial. Lo que pasa es que la Corte en buena hora le tumbó esa extralimitación”, indicó el concejal Carrillo.
Más temprano en el día, el cabildante había advertido, desde el Concejo de Bogotá, que “en la Corte Constitucional se cayó un capricho, un gesto muy autoritario de Claudia López que buscaba acabar con las localidades de Bogotá. Los bogotanos deben saber que desde la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla no había modificaciones en el ordenamiento político-administrativo de las localidades, y Claudia López quería pasar de 20 a 33 localidades”.
Recordó que, entre otras cosas, este artículo acabaría con Ciudad Bolívar, Kennedy y Engativá “por su capricho, por su obsesión con tener un legado. La Corte le da una exequibilidad condicionada al Artículo de la ley. No puede la alcaldesa poner eso en un decreto como fue el Plan de Ordenamiento Territorial. Ese decretazo está cada día más muerto y si la alcaldesa quiere modificar las localidades pues tendrá que traer un proyecto al Concejo de Bogotá”, añadió el concejal Carrillo.
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Para claridad de los lectores, palabras más palabras menos, lo que la corte dijo ayer es que el Estatuto no vulnera el artículo 322 de la Constitución, que es el que señala que corresponde al Concejo dividir el territorio en localidades. No obstante, el POT que aprobó por decreto la alcaldesa Claudia López dos días antes de que concluyera el 2021, sí se refiere a ese cambio de localidades en el artículo 10:
"Artículo 10. Delimitación de localidades. En aplicación del parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley 2116 de 2021, que modificó el artículo 62 del Decreto Ley 1421 de 1993, los límites de las localidades corresponderán con los límites de las Unidades de Planeamiento Local que se identifican en el Mapa N.° CG-2.2 ‘Unidades de Planeamiento Local’”.
Otros concejales reaccionan
Ante esta determinación, el ahora representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, reaccionó ayer diciendo que "la Corte Constitucional nos da la razón y determinó que las UPL o nuevas localidades son inconstitucionales por haber sido creadas por decreto. El POT de la alcaldesa se queda sin columna vertebral", trinó.
La concejal Lucía Bastidas hizo un llamado a la Administración para que dentro de sus facultades, y de acuerdo con la condición impuesta por la Corte Constitucional, “realice las gestiones para presentar un Proyecto de Acuerdo para la futura división territorial de Bogotá, que realmente sea concertada con los estudios realizados, con mesura, técnica, ponderación y sin afanes. Como nos dice la misma alcaldesa ‘queda como tarea de próxima administración’; buen augurio”, concluyó.
Por último, la cabildante Heidy Sánchez (Colombia Humana) dijo que “el resultado es que la Alcaldía expidió de manera inconstitucional el POT y que este no tiene viabilidad jurídica por pasar por encima de las competencias del Concejo. Creemos que este es un análisis que podría válidamente extenderse a otras competencias que son, según la Constitución, exclusivas del Concejo”.