Una minuciosa investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular un grupo delincuencial organizado que, al menos, desde 2021 vendría facilitando documentación a migrantes venezolanos y dominicanos interesados en ingresar a Estados Unidos.

La Delegada contra la Criminalidad Organizada estableció que la red ilegal sería comandada por Diana Vanessa Janne Gamarra y un extranjero, quienes, junto a varios familiares y personas de su círculo cercano, al parecer, ubicaban extranjeros en condición de irregularidad para proporcionarles transporte, alojamiento y acceso a cédulas y pasaportes que los acreditaran como colombianos por los que debían pagar sumas de entre 2.000 y 4.000 dólares

Un fiscal del grupo de casos priorizados de la Delegada contra la Criminalidad Organizada evidenció que la red ilegal presuntamente contaba con el concurso de funcionarios de la Registraduría y la Cancillería para obtener, a cambio de coimas, los documentos.

Información en poder de la Fiscalía da cuenta de, al menos, 73 trámites irregulares. En uno de estas habrían sido diligenciada documentación para 53 personas.

Análisis en bases de datos permitieron advertir centenares de giros nacionales e internacionales por más de 3.411 millones de pesos que eran remitidos a nombre de integrantes de la organización delincuencial.

Los procesados fueron capturados por la Dijin de la Policía Nacional durante operativos realizados en Bogotá, Amazonas, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cesar y Sucre.

Como resultado de la investigación la Registraduría ha emitido en lo corrido del presente año 29 resoluciones para anular 344 cédulas originales colombianas que fueron tramitadas con información falsa. La Cancillería, por su parte, advirtió sobre al menos 304 pasaportes expedidos de manera irregular.

Los investigados fueron imputados, de acuerdo con su rol y grado de participación en el andamiaje criminal, delitos como: concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares. En total 18 de los procesados aceptaron parcial o totalmente su responsabilidad en los cargos atribuidos.

Por disposición de un juez de control de garantías una mujer fue privada de la libertad en centro carcelario; 24 afectadas con detención domiciliaria y 6 más continúan vinculadas a la investigación.