La Fiscalía General desarticuló una red señalada de comercializar el oro extraído ilegalmente de los entables mineros en Timbiquí y Guapi (Cauca).

A través de la comercializadora NATAN, esta organización habría reportado ante las autoridades la venta de oro por más de 20’000.000 de dólares en los últimos cuatro años. Para soportar esta millonaria suma, que triplicaría el presupuesto anual de Timbiquí, fue anexada documentación en la que se afirmaba que el mineral era comprado a barequeros de Cauca.

Los mineros artesanales que aparecían en el papel, al parecer, no negociaron oro con la citada empresa o, por lo menos, nunca en las cantidades indicadas. El material de prueba da cuenta de que los nombres de estos trabajadores, supuestamente, fueron entregados a la organización delictiva por Claudio Gilberto Hernández Lerma, un funcionario de la Alcaldía de Timbiquí (Cauca) que tenía a cargo esta información.

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En las verificaciones se constató que, inicialmente, el oro que salía de los frentes de explotación ilegal era adquirido en dos compraventas de Timbiquí y Guapi (Cauca) y, luego del uso fraudulento de los datos de los barequeros y otras maniobras de legalización, lo vendían a una fundidora internacional.

De esta manera, la estructura habría lavado algo más de 2’000.000 de dólares, sólo en 2018. Los análisis continúan.

Las evidencias indican que todo el andamiaje ilegal sería coordinado desde Sabaneta (Antioquia) por Aldemar Alberto Sáez Lozano; su compañera sentimental, Ana Milena Pineda Muñoz; y dos de sus hijos, Carlos Alberto Sáez Jaramillo y Camilo Sáez Pineda. Adicionalmente, estarían involucrados Roberto López Valencia, quien fungía como representante legal de comercializadora NATAN; y José Julián Vásquez Arboleda, supuesto responsable de la documentación fraudulenta.

Las siete presuntos integrantes de la red, entre ellos el servidor público, fueron capturados en diligencias realizadas de manera simultánea en Medellín y Sabaneta (Antioquia), y en Timbiquí (Cauca). En los procedimientos se incautaron $20’650.000 en efectivo, seis teléfonos celulares y abundante documentación.

La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y fraude procesal. Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.