Este viernes, 5 de julio, la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación firmaron un memorando de entendimiento con el que se busca el efectivo cumplimiento de las órdenes impartidas en los fallos de tutela para garantizar el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía.  

Entre las actividades fijadas en el memorando suscrito por el presidente de la Corte, magistrado José Fernando Reyes Cuartas y la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, se encuentran: compartir información que permita la identificación de las órdenes proferidas por la Corte y su estado de cumplimiento, establecer mecanismos que faciliten el conocimiento oportuno de las sentencias de tutela, en especial, de aquellas en las que se solicita el acompañamiento del Ministerio Público para verificar el cumplimiento. 

Asimismo, se acordó realizar acciones conjuntas para la divulgación de la jurisprudencia constitucional, divulgar los resultados del seguimiento al cumplimiento de las sentencias de tutela a las entidades del Estado y la ciudadanía y realizar estudios relacionados con el cumplimiento de fallos de tutela. La duración del memorando será de dos años y podrá ser prorrogado con antelación a la fecha de vencimiento.

Cabello Blanco sostuvo que el compromiso de la Procuraduría es “que más adelante podamos decirle a Colombia que las decisiones judiciales de la jurisdicción constitucional de nuestro país son para cumplirse y deben cumplirse, y que, para eso, la Constitución de 1991 creó un órgano de control que tiene que hacer que eso se cumpla”. 

Desde el 2010 a la fecha, al órgano de control se le ha asignado el seguimiento de 316 sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional, de las cuales en 103 ya se culminó esa vigilancia por cumplimiento de las órdenes, y se continúa ejecutando la labor sobre las 213 restantes.

Entre otras órdenes, la Corte Constitucional le ha asignado a la Procuraduría la vigilancia de las decisiones que han declarado los estados de cosas inconstitucionales en casos como la crisis carcelaria, la desprotección de los menores de edad en La Guajira, las dificultades del sistema de salud y la violación de los derechos de líderes sociales.