Excluir los delitos sexuales contra menores de edad y mujeres que se cometieron durante el conflicto armado, reformando de esta manera la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y evitando que los abusadores reciban beneficios, es lo que pretende un proyecto de acto legislativo que será radicado en el Congreso de la República por el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, una vez inicien las sesiones ordinarias en el Legislativo.

Gómez explicó que la iniciativa pretende que no haya impunidad en este tipo de actos que se cometieron durante este periodo, motivo por el que manifestó que el objetivo es “eliminar la conexidad de los delitos sexuales con los delitos políticos, evitando que las violaciones o el abuso sexual y toda esta clase de delitos, incluso contra menores, sean conexos al conflicto”.

El legislador sostuvo que con la propuesta se busca enviar “un mensaje claro de no impunidad ante futuros hechos que ocurran” y aseguró que debido a las reglas que se establecieron con anterioridad para los que ya se acogieron a la JEP, es complejo que estas se puedan modificar, motivo por el que no cobijaría a quienes ya lo hicieron, pero de ser aprobada la norma, aplicaría a futuro, quitando los beneficios especiales a los desmovilizados o actores del conflicto que se acojan luego de que entre a regir la misma.

La iniciativa se da en medio de la polémica de si el presidente Iván Duque debe o no sancionar la Ley Estatutaria de la JEP. En este sentido, el senador Gómez manifestó que el Mandatario debe hacerlo lo más pronto posible, debido a que según él, cualquier cambio de la jurisdicción debe realizarse a través de un acto legislativo tramitado de manera adecuada en el Congreso y no por medio de objeciones.

Al respecto, señaló que “consideramos que el Presidente debe sancionar la Ley Estatutaria de la JEP, se requieren las reglas porque fueron más de 50 años de conflicto y quienes se acogieron al proceso lo hicieron bajo una negociación con unos compromisos que deben cumplirse”.

Enfatizó además en que, en caso de que haya objeciones en algunos puntos específicos, “se debe estudiar muy bien la sentencia de la Corte frente al acto legislativo de la JEP y revisar en qué escenarios se pueden hacer esos ajustes”.

A la iniciativa podrían salirle detractores, tal es el caso del expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, quien luego de una reunión con los magistrados de la JEP aseguró que su colectividad no apoyará aquellas propuestas que pretendan terminar con el acuerdo de paz o que quieran reformar la JEP.

La propuesta también será estudiada por el Consejo Nacional de Política Criminal, por la ministra de Justicia, Gloria María Borrero; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el procurador general, Fernando Carrillo; y el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, entre otros.