En veremos quedó ayer la ampliación de la declaración de Otto Bula en el marco de la investigación que adelanta la Corte Suprema al senador Bernardo Elías porque supuestamente se favoreció con dineros de los sobornos que pagó la brasileña Odebrecht para quedarse con contratos de obra pública, caso en que investiga también a otros congresistas y ex legisladores. El exparlamentario se negó a declarar argumentando a los fiscales ante el Tribunal que fueron a la cárcel La Picota para realizar esta diligencia, que no ha definido una negociación con la Fiscalía para lograr un principio de oportunidad.

La ampliación de la declaración  de Bula estaba fijada en la Corte para el pasado martes, sin embargo el alto Tribunal decidió correr la fecha así como que ahora se haría en la cárcel La Picota, en donde el exsenador liberal se encuentra  privado de la libertad, desde febrero pasado, porque según la Fiscalía recibió 4.6 millones de dólares de Odebrecht para pagar sobornos a funcionarios y a congresistas para que hicieran lobby ante el Gobierno  para que le autorizaran contratos.

El pasado 23 de agosto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra el senador Bernardo Miguel Elías Vidal, como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado por el lavado de activos, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.

Entre otras consideraciones, la Corte encontró que el senador, con su conducta, “no habría tenido reparos para traicionar la confianza de sus electores y poner al servicio de la multinacional Odebrecht su condición de congresista, sin medir las consecuencias del evidente daño que ello podría generar a la institucionalidad, a la moralidad pública y a la imagen internacional del país”.

Añade la Corte que al parecer Elías participó en sofisticadas estrategias diseñadas por la multinacional Odebrecht en sus propósitos delictivos, a las que se sumaron las ideadas a nivel local, para ocultar el origen y destino de las cuantiosas sumas de dinero producto de sobornos.

El principal testigo de cargos contra el senador Elías es precisamente Otto Bula, de quien el pasado 21 de julio, el  fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que se convirtió "en la principal fuente de información en estas indagaciones, no se requiere que haya una nueva fuente de información".

Desde un principio Bula señaló que entregó  un millón de dólares por medio de otra persona a Roberto Prieto, quien en 2014 fue el gerente de la campaña reeleccionista del presidente Santos.

El testimonio del exparlamentario sirvió para que a finales de julio pasado, la Fiscalía compulsara copias  a la Corte Suprema con información sobre el senador Bernardo Elías, Musa Besaile, Antonio Guerra de la Espriella y el exsenador Plinio Olano Becerra, quienes se habrían beneficiado con dineros de Odebrecht.

Bula ha delatado a una veintena de personas más, entre las que se cuentan el empresario Federico Gaviria; Luis Bueno, expresidente de Odebrecht en Colombia; Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia; Miguel Peñaloza, exministro de Transporte; Gabriel Dumar, empresario; José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana; Juan Sebastián Correa,  exasesor de la ANI; y la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez.

Dumar

En la investigación al senador Elías la Corte Suprema también pretende obtener la declaración del empresario Gabriel Dumar Lora, representante del consorcio Sion, quien también  está privado de la libertad en La Picota pues según la Fiscalía habría contribuido para la simulación de los contratos y la entrega posterior de dineros.

La Corte espera que Dumar, a quien le imputaron los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, explique la conexión que tendría con el senador Elías.

 Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que buena parte de los millonarios recursos que entregó la constructora Odebrecht por más de $84 mil millones fueron ingresados al país por medio de operaciones comerciales ficticias a través de empresas, como supuestamente sucedió con SION.

Posteriormente, estos dineros siguieron su destino a los bolsillos de políticos y congresistas que habrían impulsado varios proyectos de obra a favor de Odebrecht, así como a funcionarios que participaron en su aprobación.