Al paso le salió ayer el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, a la afirmación del candidato presidencial Gustavo Petro, quien dijo que no ha tomado aún una decisión sobre si renunciar o no al Senado, aunque señaló que en el primer caso lo pensaría porque no quiere quedar en manos de la Fiscalía, ante una eventual investigación, pues dice que allí no tiene garantías.

“No se puede pretender ganar una Presidencia cabalgando en contra de las instituciones judiciales del país (...) En democracia se juega con las reglas no en contra de ellas”, señaló el fiscal Barbosa Delgado.

El candidato Gustavo Petro dijo frente a los recientes  rumores de que estaría pensando en renunciar al Senado en los próximos días, que "ese no es un problema todavía vigente porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía, no me da garantías como se probó antes de ser congresista, que lo soy no porque quise sino por alguna ley que se aprobó aquí que determinaba que el segundo en votos fuese miembro del Senado. Cuando haya garantías hablamos".

Vale señalar que los congresistas por disposición constitucional son investigados  en materia penal por la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, esta pierde la competencia en el momento en que el parlamentario renuncie a su curul en la Cámara de Representantes o el Senado de la República.

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Dicha situación se presentó cuando en agosto del año 2020 el expresidente Álvaro Uribe renunció a su escaño en el Senado, en medio de la investigación que le adelantaba la Corte Suprema por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

Entonces la investigación pasó a manos de la Fiscalía, la cual hace unos meses presentó solicitud de preclusión del proceso por encontrar que el exmandatario no está involucrado en los hechos de que se le señala.

El también candidato presidencial Sergio Fajardo ha manifestado dudas frente a las garantías que tiene en la Fiscalía, que lo investiga por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisito, producto de un contrato de reemplazo de deuda que hizo cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia en 2013.

El caso que encarta a Fajardo tiene que ver con un crédito por 98 millones de dólares que se tomó para sustituir deuda, pero que según el ente investigador derivó en un detrimento para las arcas del departamento de Antioquia porque no se tuvo en cuenta el cambio en el precio del dólar.