El atentado con el 'burro bomba' llevado a cabo por las Farc en el municipio de Chalán, Sucre, en 1996, sigue siendo un doloroso episodio en la historia colombiana. La Jurisdicción Especial para la Paz emitio un veredicto que arroja nueva luz sobre este acto violento, calificándolo como una violación a las leyes de la guerra, marcando un hito en la búsqueda de justicia y reconciliación en el país. 

La JEP, encargada de esclarecer y juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, calificó el acto como un crimen de guerra por perfidia, subrayando que las Farc infringieron el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al disfrazar a un joven guerrillero de 15 años como civil y utilizarlo para llevar el explosivo hasta la estación de Policía. La incineración de los cuerpos de los agentes que sobrevivieron al ataque también fue condenada como una muestra de crueldad inaceptable.

Para respaldar esta decisión, la Sección de Apelación de la JEP señaló: "Haber fingido la condición de civil de quien condujo y ubicó el artefacto explosivo frente a la estación de Policía, asesinar a los agentes que habían depuesto las armas e incinerar sus cuerpos, desconoció las exigencias mínimas de lealtad en la conducción de hostilidades, constituyó un claro ejemplo de perfidia, y vulneró prohibiciones expresas del DIH, todo lo cual tornó la acción militar en una violación a las leyes de la guerra."

No obstante, la JEP también reconoció que el objetivo del ataque, la estación de Policía, era legítimo en el contexto del conflicto armado colombiano. Argumentaron que la explosión no afectó infraestructuras críticas ni bienes esenciales para la supervivencia de la población civil, lo que llevó a considerar que el objetivo era válido. La JEP destacó que las Farc tomaron medidas de precaución para evitar daños innecesarios a la población civil.

Sin embargo, esta decisión desencadeno un debate interno en la JEP, con la magistrada Sandra Gamboa Rubiano expresando su desacuerdo. Ella lamentó que la JEP haya considerado aspectos no discutidos previamente durante el proceso y advirtió sobre el riesgo de legitimar la consideración de menores como objetivos militares válidos, lo que supondría una grave vulneración de los derechos humanos.

“Durante el trámite de amnistía adelantado en la primera instancia el debate se centró en la legitimidad del objetivo de la incursión armada de la otrora FARC EP y no se advierte que se hubiesen puesto en cuestionamiento los métodos de guerra utilizados por esa organización, por ello, cualquier asunto relativo a ese tema no fue controvertido por la defensa ni puesto en consideración de las víctimas o del Ministerio Público, tornándose la presente decisión en sorpresiva y ajena a cualquier tipo de ejercicio dialógico”, dijo Gamboa.

El caso del 'burro bomba' continúa siendo un punto de referencia en la búsqueda de justicia y reconciliación en Colombia, y la JEP sigue desempeñando un papel crucial en la revisión de los crímenes cometidos durante el conflicto armado. La decisión también generó preocupación sobre la posibilidad de una macrovictimización en casos como este, lo que podría llevar a un reconocimiento más amplio y garantista de las víctimas y sus derechos en el futuro.