El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, anunció que en las próximas horas, Harold Echeverry, feminicida de la menor Michel Dayana será trasladado desde la URI de Villavicencio hasta la cárcel de Cómbita en Boyacá.

El proceso de traslado, según el coronel Gutiérrez, sigue el protocolo estándar del Inpec, garantizando la seguridad y la integridad del recluso. En sus propias palabras, "somos garantes de la vida y de la seguridad del recluso, entonces debemos garantizar que no le vaya a pasar nada, y su destino será la cárcel de Cómbita".

Echeverry, tras confesar el brutal asesinato de Michel Dayana el pasado 7 de diciembre en Cali, se convierte en el epicentro de un caso que ha suscitado repudio y demandas de justicia. La captura del feminicida fue posible gracias a la colaboración ciudadana y la rápida respuesta de las autoridades, evidenciando la importancia de la participación ciudadana en la resolución de crímenes.

La adolescente de 15 años fue encontrada muerta y desmembrada en el taller automotriz donde Echeverry trabajaba como vigilante. Tras el homicidio, el criminal intentó huir robando una motocicleta y desencadenando una persecución que abarcó varios departamentos.

Además del caso de Michel Dayana, las autoridades investigan otras posibles víctimas de Echeverry, especialmente menores de edad. El secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, insta a las personas afectadas a denunciar cualquier situación relacionada con el sujeto.

El traslado a la cárcel de máxima seguridad en Cómbita representa un paso crucial en el proceso judicial, donde Echeverry enfrenta cargos por feminicidio y hurto agravado. La sociedad y las autoridades exigen que este caso no quede impune y que se aplique la máxima pena posible.

La captura y confesión de Echeverry también plantean interrogantes sobre su libertad anterior, ya que se ha revelado que tenía antecedentes por acceso carnal abusivo. Las autoridades buscan esclarecer por qué este individuo estaba en libertad a pesar de tener condenas previas, subrayando la necesidad de revisar los procesos judiciales y reforzar la seguridad ciudadana.