Asumió como alcalde encargado para Armenia el profesional Jorge Fernando Ospina, quien en la actualidad funge como secretario de Hacienda del Quindío.
La decisión la tomó el gobernador Roberto Jairo Jaramillo al hacer efectiva la suspensión del titular del cargo José Manuel Ríos ordenada por la Procuraduría General de la Nación.
Ríos fue suspendido durante tres meses dentro de la investigación que adelanta la Procuraduría por presuntas irregularidades en la vigilancia a la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más $1.590 millones.
Ayer mismo, tras posesionarse ante el gobernador Jaramillo y en presencia del procurador provincial Juan Carlos Sandoval, el alcalde (e) Ospina procedió a reunirse con el gabinete municipal para determinar los lineamientos de trabajo a seguir. Aunque el mandatario encargado trabaja actualmente con la Administración departamental, en el anterior cuatrienio se desempeñó como Tesorero General y Secretario de Hacienda.
La Procuraduría informó que investiga a Ríos por presuntos problemas en la selección del contratista, vulneración de los principios de la contratación, sobrecostos y posibles irregularidades en los estudios de mercados de los negocios jurídicos 01 de 2020 por $500.000.000, 02 de 2020 por $350.000.000, 03 de 2020 por $300 millones y 04 de 2020 por $442.340.500.
Así mismo, un posible abuso de las potestades contractuales que llevaron, al parecer, a direccionar y seleccionar indebidamente proveedores sin idoneidad, mediante el mecanismo de contratación directa, durante la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, que pueden advertir el quebrantamiento de los principios de la contratación y moralidad administrativa.
La medida cautelar de la Procuraduría se tomó para evitar que el investigado continúe con las conductas presuntamente irregulares, relacionadas con la falta de vigilancia y control de la contratación que había delegado a sus subalternos, sobre las etapas restantes, es decir, la ejecución y liquidación de los negocios jurídicos.
Para el órgano de control, la inactividad del Alcalde ante las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos, permitieron considerar que la permanencia del funcionario advertiría la posibilidad de continuar dichas irregularidades, comprometiendo los intereses públicos y la defensa del patrimonio del municipio de Armenia.