El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y el Ministerio de Justicia y del Derecho desde marzo de 2022 han realizado un ejercicio de identificación y selección de las normas históricas dictadas por el Estado colombiano entre 1821 y 1864, y que serán digitalizadas e incorporadas a la plataforma Suin-Juriscol y facilitar el acceso ciudadano a estos documentos.
En ejecución de la norma constitucional de colaboración armónica, las dos entidades aunaron esfuerzos para permitir a estudiantes, investigadores y usuarios el acceso a estos contenidos desde cualquier lugar del mundo con solo tener conexión de Internet.
“Aquí, en el AGN, hay una gran cantidad de tesoros que están a disposición del Ministerio de Justicia y del Derecho para ser una memoria sobre los planteamientos de justicia en la nación colombiana el siglo XIX y el periodo republicano. Hay, además, otra gran cantidad de informes que pueden ser relevantes para el Ministerio, no solo para la reconstrucción de la historia sino para establecer récords en el cumplimiento de las normas en este análisis”, dijo el director del Archivo General de la Nación, Enrique Serrano López.
A su turno, el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, explicó que el objetivo de este convenio es “trabajar para hacer más accesible la normativa histórica colombiana a los ciudadanos haciendo uso de herramientas digitales de divulgación como es el portal web del Sistema Único de Información Normativa, Suin-Juriscol”.
El ministro destacó el patrimonio cultural e histórico en custodia del AGN, particularmente las disposiciones legales “que han sido promulgadas a lo largo de nuestra historia como nación, que reflejan la evolución de las instituciones, de la administración del territorio y de las herramientas para garantizar los derechos de los ciudadanos, y que son una fuente inmejorable para la investigación y comprensión histórica de nuestro sistema jurídico”.
También aseguró que para los investigadores el trabajo de archivo, la posibilidad de acceder al patrimonio documental de la nación y contrastar fuentes “es una experiencia que no tiene comparación, que hace parte fundamental del encuentro con el pasado y con nuestra historia”.
No obstante, aseguró que no todos los ciudadanos tienen acceso a esta información ni tiene posibilidad de movilizarse a Bogotá para acceder a ella. “Por eso estamos tratando de unir todos los territorios que sea posible para que la gente pueda acceder a la justicia, ofreciendo al ciudadano alternativas de divulgación que correspondan a la era digital y a las necesidades de todos los colombianos”.
Esta iniciativa del Ministerio de Justicia forma parte del programa de Digitalización de la Justicia que ha permitido en los últimos cuatro años depurar más de 10 mil normas “que prácticamente no tenían uso”.
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Dos siglos de patrimonio histórico
El director del AGN explicó que la comunicación de las normas colombianas comenzó con la aplicación por parte del Gobierno Republicano de la Gaceta de septiembre de 1821 como órgano de difusión oficial subvencionado por el Ejecutivo y que se distribuía desde Bogotá y tenía un costo para usuario el usuario y el suscriptor. En 1831 cambia de nombre a Gaceta de la Nueva Granada en la que se publicaban Leyes y
Decretos, además de vacantes de empleos públicos, actas y proclamas y avisos sobre asuntos privados y comerciales.
Luego, desde 1848 a 1863 se llamó Gaceta Oficial, y en 1864 mediante Decreto se crea el Diario Oficial, ya sin avisos comerciales, para la difusión de Leyes, Decretos y normas sobre asuntos públicos.
Se destaca que las Gacetas hasta 1860 tenían dentro de su distribución una jerarquización de las normas a difundir: primero lo emitido desde la Presidencia, luego asuntos de Interior, de Relaciones Exteriores, Hacienda, Guerra y Marina. La misma distribución tuvieron todas las actividades del estado, incluyendo los archivos y su confirmación desde el siglo XIX.