La Unidad para las Víctimas, de la mano de entidades del orden departamental y municipal, así como representantes de las mesas de víctimas e integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía, hicieron parte del Comité Municipal de Justicia Transicional convocado por la Alcaldía de Pasto, en el cual fue aprobado el Plan de Contingencia para la capital del departamento de Nariño, que señala los protocolos y rutas de atención de posibles emergencias humanitarias.

“El plan de contingencia es algo muy importante para el municipio, pues es una herramienta que nos da orden y que está encaminado a la atención en la inmediatez, sobre todo teniendo en cuenta que Pasto es receptor de víctimas y ahora tenemos las herramientas para atender a esta población cuando llega en condición de desplazamientos masivos”, manifestó el coordinador de la Mesa de Victimas de Pasto, Libardo Pinchao.

La normatividad menciona que las alcaldías tienen la responsabilidad de garantizar la atención y la ayuda humanitaria inmediata, exigiendo al Comité Municipal de Justicia Transicional elaborar y poner en marcha un plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias en el marco del conflicto armado para fortalecer y mejorar la respuesta institucional de la capital para la atención oportuna y eficaz de la población víctima durante las emergencias.

Sandra Sarria Cruz, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Nariño, dijo: “Es importante la aprobación de un plan que hace parte de la política pública de víctimas, de los componentes y de las herramientas de planeación, de prevención, protección a la población víctima en este caso del municipio. Es gratificante haber encontrado de manera articulada la aprobación del plan”.

Desde la Unidad se reitera el compromiso de articulación con las entidades territoriales para la asistencia y acompañamiento permanente para trabajar por la reparación integral de la población víctima en los territorios.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.