El Conpes aprobó el Plan Nacional de Política Criminal 2022-2025, el cual es considerado como la hoja de ruta en la materia para los próximos cuatro años, para lo que contará con una asignación de recursos de $42.895 millones.
Este plan comprende lo dispuesto por el Consejo Superior de Política Criminal (CSPC) y busca mejorar la coordinación de la acción del Estado para garantizar su efectividad en materia de política criminal, a través de la definición de estrategias orientadas a fortalecer la capacidad institucional, garantizar los bienes jurídicos de la población y cumplir los principios generales del derecho penal.
Estrategias
Con el fin de cumplir con tales propósitos, el documento contempla estrategias encaminadas a:
1. Mejorar la capacidad de respuesta institucional del Estado para potenciar su efectividad y oportunidad a fin de reducir el homicidio.
2. Perseguir la violencia sexual y basada en género que afecta a la población más vulnerable.
3. Alcanzar mayor contundencia en la disrupción del crimen organizado.
4. Humanizar el sistema penitenciario y carcelario garantizando la efectiva resocialización.
5. Prevenir el uso y la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades criminales.
6. Combatir el crimen en sus diferentes manifestaciones.
7. Atacar particularmente el fenómeno de la corrupción y sus efectos.
La ejecución de los compromisos del plan de acción y seguimiento se realizará de manera conjunta por parte de las entidades que conforman el CSPC y con el liderazgo de aquellas que desarrollan acciones particulares en algunas de las etapas de la política criminal.
En tal sentido, las entidades partícipes del Documento son el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Educación, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, la Policía Nacional, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República.
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Acción estatal
El documento señala que, para garantizar la efectividad del Estado en materia de persecución penal y aumentar los resultados, es necesario adoptar nuevas técnicas de investigación, generación y análisis de datos. Por eso se plantea desarrollar una plataforma tecnológica para la integración de base de datos, que permita producir documentos de análisis que sirvan de insumos para la toma de decisiones de manera oportuna.
Así mismo, recomienda afianzar las acciones del cuerpo de investigación y judicialización e implementar mejoras a la etapa de investigación. Dice que para asegurar este propósito, la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y la Procuraduría General implementarán una herramienta analítica que contribuya a la persecución del homicidio.
Del mismo modo, todas estas entidades del Estado desarrollarán una estrategia que permita la asociación de casos por medio de análisis criminal de las actividades de sicariato, con el fin de identificar estructuras que sustentan la actividad ilícita. “Esto permitirá articular y robustecer la acción estatal orientada a la fragmentación y disolución del negocio ilícito, a través de la elaboración de un diagnóstico para la priorización de casos o situaciones de sicariato y la caracterización de la estructura de las organizaciones criminales para identificar su modo de operación y financiamiento”, indica el plan.
También asegura que la Fiscalía implementará un modelo investigativo que permita el aumento del esclarecimiento de los casos de homicidio, lo que promoverá la actuación eficaz de las autoridades en la etapa investigativa. Este modelo tendrá en cuenta los resultados de la aplicación del principio de oportunidad, para aumentar las imputaciones sobre los casos de homicidio.
Acerca del aumento de los homicidios y otras agresiones en contra de defensores de derechos humanos, el documento sugiere que se hace necesario fortalecer los equipos técnicos e investigativos para garantizar la reacción oportuna y articulada del Estado. En este sentido, se realizarán gestiones para la consecución de recursos para el fortalecimiento del Cuerpo Élite de la Policía Nacional, del CTI y de la Unidad Especial de la Fiscalía General, para mejorar su capacidad operativa y de reacción, en función del cumplimiento de los deberes creados en el Acuerdo de Paz.