A pesar de que por el trámite del Plan Nacional de Desarrollo y las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP, los partidos no se han sentado para analizar y tomar una posición acerca del proyecto de reforma constitucional que presentó el Gobierno con el fin de que los delitos sexuales contra los niño y adolescentes, ejecutados en el marco del conflicto armado, siempre vayan a la justicia ordinaria, hay buen ambiente para su aprobación.

Así lo pudo constatar EL NUEVO SIGLO en un sondeo que hizo con los diferentes partidos políticos.

Esta iniciativa es uno de los tres aspectos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que el presidente Iván Duque anunció como necesario reformar, en este caso para que los delitos de violencia sexual contra menores de edad sean excluidos de la justicia transicional.

“Nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores”, enfatizó en esa oportunidad el Jefe de Estado.

El proyecto de reforma constitucional radicado por la ministra de Justicia, Gloria María Borrero,  modifica el Artículo 44 de la Constitución Política, el cual garantiza la máxima protección para todos los niños colombianos.

“En Colombia se deben aplicar las penas más severas y sin ningún tipo de concesión para aquellos que cometan delitos sexuales contra niños y niñas. Tenemos que fortalecer la obligación que tenemos como Estado de hacer todo para proteger a nuestros niños,” anunció la ministra Borrero.

Con el Acto Legislativo, una vez se aprueben en los ocho debates de ley, se incluiría el siguiente aparte en el Artículo 44 de la Constitución Nacional: “Los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes estarán sometidos únicamente a las sanciones establecidas en el régimen penal ordinario y serán investigados y juzgados conforme las normas definidas en el Código de Procedimiento Penal.”

Con esta consideración en la carta política del país, el Gobierno nacional busca garantizar las máximas penas posibles a quienes los cometan sin ningún tipo de concesión. También se busca evitar el uso de los niños y niñas en la guerra al desincentivar estos crímenes, pues no serían objeto de tratamientos especiales en eventuales acuerdos de paz.

Los partidos

El senador del partido Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez López, dijo que la bancada todavía no se ha reunido para analizar esta reforma, “pero creo que lo apoyamos, le hemos dicho al Presidente y al Fiscal que lo acompañamos en el tema de castigar delitos sexuales contra menores”.

El Parlamentario recordó que su partido “cuando se tomó la decisión de negar el acompañamiento a las objeciones, se dijo que si presentaban este acto legislativo para el tema de delitos sexuales sí lo revisábamos”.

Jiménez dijo desde ya que a título personal sí acompañaría este proyecto.

Por su parte el senador liberal Guillermo García Realpe dijo que “sobre ese tema no ha habido una reunión formal, pero creo que ese proyecto tiene más como sentido de causar un  impacto, de ganar puntos ante la opinión de la gente. Siendo un tema muy delicado el de delitos sexuales contra menores de edad, por supuesto, convoca toda la solidaridad de los colombianos para que tenga el máximo castigo”.

No obstante, el parlamentario aclaró que esta reforma “no tiene ningún punto que tenga que ver con las JEP, eso se va a regular hacia adelante y no tienen por qué relacionarlo con la JEP. La JEP ya tiene un marco de referencia de los delitos a juzgar, que son los cometidos hasta el 30 de noviembre de 2016. Todo lo que se cometió hasta 2016 ya está reglamentado en el marco legal y constitucional de la justicia transicional, y lo que venga después de ahí tendrá otro tratamiento”.

Agregó García que “no tienen por qué relacionarlo con la JEP, más bien es un sentido de golpear la JEP, de golpear el proceso de paz, la justicia transicional. Entonces no busquen más allá de regular un tipo penal gravísimo, pero no tiene nada que ver con la JEP”.

Añadió que “lo vamos a apoyar, pero eso va a tener vigencia hacia adelante”.

En tanto que el senador de Alianza Verde, Juan Luis Castro Córdoba, dijo que seguramente este proyecto será tema de análisis en la reunión que sostendrá la bancad el día de hoy antes de la plenaria.

No obstante, Castro señaló a título personal sobre esta reforma que “es volver a la discusión sobe la justicia especial para la paz, creo que es un tema que ya ha sido analizado. Obviamente, no estoy de acuerdo desde ningún punto de vista con dejar impunes delitos sexuales “.

La senadora del partido MIRA, Ana Paola Agudelo García, dijo que “no nos hemos reunido aún, estábamos esta semana en regiones, estamos precisamente coordinando una reunión de bancada esta semana, entonces vamos a tocar ese y otros temas”.

La legisladora no adelantó un comentario sobre esta iniciativa hasta que se adopte una decisión de bancada, sin embargo recordó: “Dijimos que todo ese tipo de delitos que ha habido contra niños, contra menores en el conflicto, pues obviamente tendrían que ser revisados. Acompañamos una postura que fue del todo el Congreso para que efectivamente esto no quedara incluido y que fueran a la justicia ordinaria”.

Mientras que el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, dijo que “este es el gran debate que hemos tenido respecto a los acuerdos de paz y la impunidad que se produce con el acuerdo”. En ese sentido apuntó que “acompañaremos con todo entusiasmo ese proyecto”.

Por su parte, el senador de Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, indicó que “nuestra posición sobre esa reforma es afirmativa porque infortunadamente en su momento el Congreso de la República en 2016 ‘enmermelado’ comete ese exabrupto de que los delitos contra menores de edad quedaran dentro de la JEP. Igualmente la Corte Constitucional se lavó las manos. Así que ese proyecto, que va apoyado con nuestra firma, tiene todo nuestro compromiso y apoyo”.

En tanto que el representante conservador Buenaventura León dijo que “como bancada no tenemos una posición, el proyecto va a llegar a estudios de comisiones primeras. Mi posición es que indudablemente así como hemos venido acompañando el tema de los delitos conexos de narcotráfico y secuestro para que por su gravedad no hagan parte de los delitos conexos, los delitos que atentan contra la libertad sexuales pues tampoco hagan parte, siempre y cuando este tema debe regir hacia futuro”.

Blindaje

En octubre de 2017, la Corte dejó en firme el acto legislativo 02 de 2017, declarando que los contenidos del acuerdo final “serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes” para implementar lo acordado, siempre y cuando “correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución”.