Tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de precluir la investigación contra el exvicepresidente Francisco Santos Calderón por su presunta participación en la creación del Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) ha presentado un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela Rodríguez, emitió un auto inhibitorio el pasado 26 de junio, argumentando vencimiento de términos para desvincular a Santos Calderón de la investigación. Este movimiento legal se basa en declaraciones previas del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en el marco de la Ley de Justicia y Paz, donde implicó a Santos en reuniones con Carlos Castaño, entonces máximo líder de las AUC, para discutir la formación de un grupo paramilitar en Bogotá y sus alrededores.
La CCJ expresó su desacuerdo con la decisión, argumentando que los crímenes de lesa humanidad asociados con el Bloque Capital no deben quedar impunes y que existe suficiente causa para seguir investigando las presuntas implicaciones de Santos en estos hechos.
"Esta misma maniobra ya la había intentado el fiscal encargado del caso en 2016 y la decisión del superior fue no precluir esta investigación porque los grupos paramilitares, en cuya creación habría intervenido presuntamente Santos, cometieron crímenes de lesa humanidad", señaló la CCJ en un comunicado. Además, destacaron que en 2020 se había negado la solicitud de preclusión con los mismos fundamentos.
El abogado de la CCJ, Sebastián Bojacá, explicó que han apelado la decisión actual y confían en que la segunda instancia rectificará este intento de cerrar el caso prematuramente, permitiendo que se continúe con la investigación correspondiente.
Este caso resalta la complejidad y la sensibilidad en torno a los vínculos entre figuras públicas y grupos armados ilegales en Colombia, subrayando la importancia de una justicia rigurosa y equitativa en el país.