Luego de estudiar una demanda en la que se pedía la prórroga de la Ley de Víctimas hasta 2030, la Corte Constitucional determinó, por unanimidad, que esta sea extendida.

“La Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible, con efectos diferidos, el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011, art. 208”, señaló el alto Tribunal, exhortando además al Gobierno y al Congreso “para que antes de la expiración de la vigencia de la ley adopte decisiones que correspondan, en el marco de sus competencias, en relación con la prórroga o con la adopción de un régimen de protección de los derechos de las víctimas”.

De no hacerlo para la fecha de vencimiento de la norma, junio de 2021, la Corte indicó que se entenderá su vigencia hasta el 7 de agosto de 2030.

En octubre pasado se realizó una audiencia pública en donde escuchó a diferentes sectores en el marco de la demanda presentada por parte de dos exministros del anterior gobierno, Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo, y un par de abogados, quienes argumentaron en su acción que “no puede extinguirse por una disposición de mera temporalidad dispuesta en su origen, como quiera que la finalidad transicional que allí se estableció, que ahora está constitucionalizada, aún no se ha logrado, y que ninguna norma posterior ha mejorado, suplido o absorbido su oferta de garantías de reparación para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno que vivió el país”.

“Si esta ley pierde vigencia por expiración de 10 años, el país enfrentaría retroceso en relación a los derechos de las 8 millones de víctimas, además desaparecería la Unidad y Registro de Víctimas y esta institución está hecha para garantizar los derechos las víctimas”, señaló el exministro Cristo en la audiencia.

Conflicto

La Ley 1448, reconoció por primera vez en Colombia la existencia de un conflicto armado. En la norma se ordena reparar a las víctimas y restituirles las tierras a quienes fueron despojados de ellas. Tenía una vigencia 10 años y terminaba en junio de 2021. Desde hace más de dos años representantes de las víctimas y algunos parlamentarios han puesto sobre la mesa la necesidad de extenderla porque ad portas de cumplirse su vigencia, son exiguas las cifras de reparación monetaria por parte del Estado a los afectados, hasta el momento a 1,2 millones de ciudadanos.

Con corte al 30 de septiembre, en el Registro Único de Víctimas hay reportadas en el país 8.910.526 personas, que representan el 17,7% de la población, de las cuales se han reparado hasta el momento 1,2 millones. De acuerdo por hechos victimizantes por desplazamiento hay 7.941.714 víctimas; por homicidio 1.026.302; por amenazas 421.942; por desaparición forzada 175.153; por pérdida de bienes muebles o inmuebles 115.757; por acto terrorista/atentados/combates/ hostigamientos 82.534; por secuestro 37.025; por confinamiento 31.511; por delitos contra la libertad y la integridad sexual 29.133; por lesiones personales psicológicas 15.720; por abandono o despojo forzado de tierras 14.918; por minas antipersona/munición sin explotar/artefacto explosivo 11.566; por tortura 10.711.

Tras la audiencia, el presidente Iván Duque anunció que iba a presentar un proyecto de ley con el propósito de extender la vigencia por 10 años. “He tomado la decisión, y le he dicho a la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, y a Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Reparación de Víctimas, que debemos presentar al Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia, para que podamos extender la vigencia de la ley de víctimas por 10 años”, expresó.

En esa oportunidad el primer Mandatario explicó que “para este año 2019 garantizamos un presupuesto que puede llegar al orden de los $620.000 millones, para lo que tiene que ver con reparación de las víctimas; es la segunda cifra más alta de los últimos cinco años y la tercera más alta en más de 20 años”.

Actualmente se tramita en el Congreso una iniciativa con el mismo propósito de extender la vigencia de la norma por 10 años. La iniciativa, impulsada por los representantes John Jairo Hoyos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), y María José Pizarro, de la coalición Lista de la Decencia, fue aprobada en su primer debate en la Comisión Primera hace unas semanas.