Una serie de amenazas han surgido contra los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) después del anuncio del traslado de los líderes de la banda criminal 'La Inmaculada' a los calabozos de la DIJIN. Estas intimidaciones incluyen un "plan pistola" que se activará a partir del 13 de mayo, según lo denunciado por Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios de Colombia.
El trasfondo de la noticia radica en la estrategia gubernamental de incomunicar a estos líderes criminales para prevenir que continúen dirigiendo operaciones delictivas desde las cárceles. Sin embargo, esta decisión desencadenó una respuesta violenta por parte de grupos afines a la organización delictiva.
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El anuncio del traslado de los líderes de 'La Inmaculada' a los calabozos de la DIJIN surgió después de un Consejo de Seguridad en Tuluá, en el que participaron el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el Presidente Gustavo Petro. La intención declarada era reforzar las medidas de seguridad y evitar que estas figuras criminales mantuvieran su influencia desde las prisiones.
Sin embargo, esta decisión desencadenó una serie de amenazas dirigidas específicamente a los funcionarios del INPEC, quienes se enfrentan ahora a un ambiente más tenso y peligroso en el ejercicio de sus labores diarias. Óscar Robayo ha sido un vocero destacado en la denuncia de estas amenazas, haciendo hincapié en la necesidad urgente de diálogo y negociación para prevenir futuros actos violentos.
Una nueva amenaza en contra de trabajadores de @INPEC_Colombia desde @UtpcolombiaOrg solicitamos iniciar diálogos para buscar #paztotal @ComisionadoPaz @MinInterior @petrogustavo no queremos más muertes pic.twitter.com/7dchvCAAZ3
— Oscar Robayo (@ORobayo1983) May 11, 2024
La reacción de las autoridades locales, como el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, ha sido enfática en rechazar cualquier tipo de negociación con la banda criminal, priorizando en cambio el fortalecimiento de las medidas de seguridad y la lucha contra la criminalidad desde el Estado. Esta postura gubernamental ha generado debate y críticas, especialmente en el contexto de la creciente violencia contra los funcionarios del INPEC.
En medio de este panorama tenso, la seguridad y el bienestar de los trabajadores del sistema penitenciario se han convertido en una preocupación primordial. La llamada a la acción por parte de líderes sindicales y la expectativa pública sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en las cárceles y en el entorno laboral de los funcionarios del INPEC siguen en primer plano.
Las próximas semanas serán cruciales para observar cómo evoluciona esta situación y qué medidas adicionales se tomarán para proteger a quienes desempeñan roles clave en el sistema carcelario colombiano.