La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) expresó su profunda preocupación ante la propuesta de aumentar la sobretasa del impuesto de renta al petróleo, una medida que podría haber comprometido seriamente el futuro energético y económico del país.
El gremio recordó que, en 2022, el Gobierno nacional promovió una reforma tributaria que incluyó, sin el respaldo de un análisis técnico riguroso, una sobretasa al petróleo de 5, 10 y 15 puntos adicionales al impuesto de renta, justificada por los altos precios internacionales (para ese año, los precios promediaron los USD 100 por barril, pero actualmente han bajado a cerca de los USD 70, lo que resultó incoherente con el incremento en la sobretasa que se propuso), entre otros nuevos gravámenes a la industria del petróleo y gas.
Como resultado de esta decisión, el sector enfrentó una tasa efectiva de impuesto de renta de hasta el 50%, mientras que otros sectores no superaron el 30%, evidenciando una clara inequidad tributaria.
Ahora, la ‘Ley de Financiamiento’, propuesta por el Gobierno, aumentaría la sobretasa del impuesto de renta para la exploración de petróleo hasta en 5 puntos porcentuales, llevándola hasta el 20%, sin fundamentación técnico-económica. Esto implicaría un impuesto de renta del 55% para la industria, además de pagar regalías, derechos económicos, contribuciones sociales, ambientales y otros aportes, lo que desbordaría la capacidad contributiva del sector y desincentivaría las inversiones en el país.
Para la industria, esta medida representó un nuevo cambio en las reglas de juego, que puso en riesgo la sostenibilidad económica de los proyectos y afectó la inversión exploratoria y de desarrollo, lo que incidió negativamente en las nuevas reservas y la producción futura.
Según Frank Pearl, presidente ejecutivo de ACP, “Como consecuencia de la reforma de 2022, las inversiones exploratorias se redujeron en un 57%, lo que provocó una caída histórica de las inversiones voluntarias. Si el sector no hubiera sido debilitado, no se necesitaría la Ley de Financiamiento”. Este panorama se agravó con las nuevas cargas impositivas, que podrían haber finalizado la actividad exploratoria en Colombia a partir de 2030.
Pearl también destacó que este aumento en los impuestos comprometió las metas de producción de hidrocarburos, ya que el incremento en los gravámenes afectó principalmente a los campos de crudos pesados y marginales, que representaron el 54% y 10% del total nacional, y habrían sido inviables con los nuevos gravámenes. Además, se comprometió la aprobación de nuevos proyectos de desarrollo, esenciales para aumentar la producción y evitar la declinación natural de los campos, lo que habría llevado al país a una caída precipitada de la producción.
Dado que el 45% del total de la matriz energética colombiana provino del petróleo y el 21% restante del gas natural, la aprobación de esta propuesta habría puesto en riesgo la seguridad energética de Colombia, pues se requerían inversiones constantes y significativas en exploración y producción para garantizar el abastecimiento energético. A mediano plazo, el país habría perdido su autosuficiencia en hidrocarburos, afectando la generación de regalías, empleos, los encadenamientos productivos en las regiones y los ingresos a la nación.
En este contexto, el detrimento de la industria de petróleo y gas implicó que, en el corto plazo, otros sectores debieran soportar la carga que el sector petrolero ya no podría contribuir. En 2023, esta industria representó el 20% de los ingresos corrientes de la Nación, el 16% de la inversión extranjera directa y el 4,6% del PIB. Además, los recursos de regalías, que financian proyectos en las regiones para cerrar brechas en educación, salud, servicios públicos, entre otros, y cuyo presupuesto bienal 2025-2026 fue aprobado recientemente por el Congreso por $30,9 billones, disminuirían significativamente en el futuro. En resumen, un incremento adicional en los impuestos amenazó las contribuciones de esta industria al país y las regiones.
Finalmente, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas hizo un llamado respetuoso a los integrantes de las comisiones económicas del Congreso de la República, para que no se aprobara el aumento de la sobretasa ni ninguna otra medida confiscatoria que pusiera en peligro una industria fundamental para la seguridad energética, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo de las regiones; y al Gobierno a mantener un equilibrio que incentivara la inversión y el desarrollo del sector, preservando su capacidad de generación de recursos para el país y los territorios, en beneficio de la seguridad energética y la calidad de vida de los colombianos.