En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “se pretende aprobar una camaleónica propuesta que, sin extensión alguna, le permite a empresas extranjeras de seguridad privada apropiarse de la industria nacional, modificando gravemente la Constitución vía proposición. Con ello se entregaría el mercado laboral de 300.000 empleos directos en Colombia”.

Así lo advirtió ayer José Saavedra, presidente de ECOS (Empresas Colombianas de Seguridad Privada), quien explicó que “la generación de riqueza de estas compañías se reinvierte en Colombia, pero podría pasar a las arcas de multinacionales que no generen nuevas plazas laborales ni tecnología para el país”.

Según Saavedra, “la iniciativa camuflada que se ha venido aprobando en el Congreso les permite a empresas extranjeras armar o tomar, vía adquisición, a compañías colombianas de seguridad con permiso de porte de armas. Y es que en el país, son 190.000 hombres y mujeres que portan este tipo de elementos de protección bajo todos los estándares de calidad, supervisión y vigilancia; no obstante, esta fuerza laboral en manos extranjeras, pone en riesgo la seguridad nacional y sería una gran afrenta a la Carta Magna”.

“Lo que está en juego es la seguridad del país, además, es un tema evidentemente inconstitucional”, destacó Saavedra, agregando que “llama mucho la atención que la iniciativa, al parecer, también esté siendo jalonada por Fenalco, a quien le pido transparencia con Colombia y si es su decisión apoyar este artículo, hagámoslo de cara al país”.

Otras propuestas

Como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, el proyecto fue aprobado el 22 de marzo por las comisiones económicas conjuntas pasando a segundo y cuarto debates en las plenarias de Senado y Cámara, trámite que debe producirse dentro de los próximos 40 días

Pero la iniciativa, una vez que se radicó ante el Congreso, el 6 de febrero, empezó a ser cuestionada por los críticos del Gobierno.

Dos temas se lograron subsanar en la redacción de la ponencia para primer y tercer debates conjuntos: la inclusión en las bases del PND de las inversiones para la implementación del acuerdo de paz y continuidad de los subsidios de energía para el estrato tres.

También en textiles

Pero luego, en medio de las más de 3.000 proposiciones presentadas por las bancadas políticas y regionales, han aparecido temas como el advertido por ECOS o el que preocupó a la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

El gremio sostuvo esta semana en un comunicado que la inclusión de artículos que establecen aranceles al sector de las confecciones “iría en contravía de lo suscrito por Colombia en los diferentes acuerdos comerciales vigentes en el marco internacional, generando una violación a los mismos y exponiendo a la nación al incumplimiento de tratados internacionales. El país puede preciarse de ser un fiel cumplidor del marco normativo internacional, esta iniciativa estaría en contra de su tradición”.

Indicó Analdex que “del mismo modo, es posible que algunos socios comerciales presenten medidas retaliatorias frente a esta disposición, lo cual deja al país en una posición desventajosa para la estrategia de diversificación de mercados que permitiría internacionalizar la economía e incrementar las exportaciones del país”.

La propuesta impulsada por la Cámara Colombiana de Confección y que recibió el respaldo de congresistas de varios partidos es aumentar del 15 al 37,9% el arancel a las prendas de vestir.

El apoyo al sector textil se dio en medio de una reunión en la presidencia de la Cámara entre los voceros del gremio y los legisladores. Allí, les solicitaron al Gobierno y al Congreso respaldar esta iniciativa que beneficiará a los colombianos que viven de la industria de la confección.

Para el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, Guillermo Criado, el Gobierno debe contribuir para “restablecer los 600.000 empleos de la industria textil, que se han perdido”, debido a que con ello, se podría disminuir la pobreza en el país y aumentar la producción nacional.

Los representantes que participaron fueron Nicolás Echeverry (Conservador), Adriana Matiz (Conservador)  Jhon Jairo Berrio (Centro Democrático) Julián Peinado (Liberal), Eloy Chichí Quintero (Cambio Radical) y Jorge Gómez (Polo Democrático). Por parte del Senado estuvo Jorge Robledo (Polo Democrático), Miguel Barreto (Conservador) Iván Marulanda (Alianza Verde) y Luis Fernando Velasco (Liberal).