La Contraloría señaló que entre 2012 y 2018, es decir, durante los últimos seis años, se han aprobado para la región recursos de regalías por $1,3 billones, de los cuales $342.000 millones, es decir 26%, no se han contratado.

Así lo señaló este viernes el contralor Carlos Felipe Córdoba al exhortar a los alcaldes de Bolívar a culminar las obras y cumplir con las expectativas de las comunidades, así como a que no generen pérdidas de recursos públicos.

En su intervención en la Tercera Cumbre de Alcaldes, Córdoba dijo que “es muy importante hacer buen uso de los recursos que se destinan para la salud y mientras yo sea contralor general voy a hacer muy exigente en su intervención”.

Córdoba enfatizó en que esta invitación se dio con el ánimo de que estos funcionarios atiendan las necesidades de las comunidades antes de retirarse de sus cargos, debido a que muchas de ellas quedan en el limbo cuando se apartan de las funciones y la población debe esperar a que se asuma de nuevo este rol para recibir soluciones.

De acuerdo con el contralor, en la actualidad existen varias falencias en el departamento de Bolívar en el manejo de los recursos de regalías y la asignación del Sistema General de Participaciones (SGP).

Tal es el caso del municipio de Zambrano, al que se le dieron $144 millones para el servicio de agua potable, así como al municipio de Cantagallo al que se le destinaron $4.196 millones y al municipio de Turbaco y Santa Rosa del Sur, al que se le facilitaron $1.500 millones para suplir las necesidades de salud y protección social.

Por otro lado, el órgano de control aseguró que el valor de los contratos pendientes de ejecución llega a los $65.000 millones.

Frente a lo anterior, la Contraloría aseguró que es necesario determinar si la causa de la situación descrita ha sido por “insuficiencia técnica en manejo o si existen otras causas sobre las que se deba reflexionar con franqueza”, debido a que no llegan los recursos a Bolívar.

“El funcionario que se quiera quedar con los recursos de los colombianos, tendrá en mí a su peor enemigo”, agregó.

En cuanto a las asignaciones del SGP al departamento, indicó que las transferencias hechas durante y desde 2014 hasta 2018 llegaron a los $4,9 billones, de los cuales $3,9 billones fueron auditados por la Contraloría con hallazgos por $113.000 millones, en áreas sensibles como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), infraestructura hospitalaria y educativa.

Frente a las obras inconclusas, el ente enfatizó en que “es urgente” que se culminen, debido a que la mayoría corresponden a instituciones educativas y viviendas “que tienen características de elefantes blancos”.

Dichas obras en espera se encuentran en lugares como Barranco de Loba, El Peñón, San Jacinto, Montecristo, Pinillos, Hatillo de Loba, Mompox, Arjona, Cicuco y Magangué.

Por otro lado, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien también asistió a la Cumbre de Alcaldes en Magangué, anunció que se diseñará un programa para mejorar la infraestructura en la seguridad y convivencia, con el fin de evitar que grupos organizados al margen de la ley realicen actividades de narcotráfico y explotación de minería ilegal. “Nos interesa la seguridad y la convivencia de la gente y por eso el Gobierno está presente”, dijo.

“Las cámaras de seguridad son herramientas muy importantes de seguridad. Sin embargo, la ciudadanía debe saber que el Fondo de Seguridad del Ministerio del Interior cofinancia estos proyectos con el municipio”, añadió.

Asimismo, el general Jairo Leguizamón, comandante de la Segunda Brigada del Ejército Nacional anunció el aumento del pie de fuerza con 4.800 uniformados, con el objetivo de que custodien la región y así reforzar la seguridad.