En el fallo de una demanda de nulidad electoral el Tribunal Administrativo del Magdalena exhortó al presidente Iván Duque a dar cumplimiento a la obligación de designar Alcalde Encargado de Santa Marta de una terna que presentó el movimiento Fuerza Ciudadana, esto después de que en marzo pasado el titular Rafael García fuera cobijado con medida de aseguramiento, investigado por irregularidades que se habrían presentado en la contratación de obras para la remodelación de la red de hospitales del Distrito.

De igual forma el Mandatario es investigado disciplinariamente por la Procuraduría porque habría favorecido con un contrato a uno de los aportantes económicos de su campaña; una más por las presuntas irregularidades en torno a la remodelación del Coliseo de Gaira, así como otra por supuestas falencias halladas en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La demanda de nulidad electoral fue presentada por el senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, quien pretendía la anulación del Decreto 570 del 12 de abril de 2019, por el cual el presidente Iván Duque designó en el cargo al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Rúgeles.

Además el demandante solicitó se ordene al Presidente designar encargado a alguno de las personas que conforman la terna enviada por el grupo significativo de ciudadanos Fuerza Ciudadana.

El Tribunal Administrativo del Magdalena no concedió la primera de estas pretensiones del demandante al concluir que no hay motivos de nulidad que invaliden lo actuado.

Sin embargo en cuanto a la segunda pretensión, que podría considerarse la ‘nuez’ de la demanda, dio la razón al accionante al impeler al presidente Duque a que designe como Alcalde Encargado de la capital del Magdalena a una de las personas que ternó Fuerza Ciudadana, pues este movimiento por firmas avaló a Martínez en las elecciones de 2015.

En ese sentido el fallo del Tribunal Administrativo del Magdalena señala que “ello no es obstáculo para que esta Corporación exhorte al Gobierno nacional para que dé cumplimiento a la obligación legalmente establecida en los artículos 10 de la ley 768 de 2002, artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 y artículo 32 de la Ley 1617 de 2013”.

Reitera el Tribunal “que, tanto la Constitución como la Ley, imponen el deber al Presidente de designar en encargo a un ciudadano que pertenezca al mismo partido o movimiento político del titular”.

No obstante, el Tribunal Administrativo del Magdalena enfatiza en su sentencia que “no puede desconocer el demandante que si bien ellos enviaron la respectiva terna, lo cierto es que es deber del Gobierno nacional verificar que los ciudadanos ternados cumplan con los requisitos de ley para ejercer el cargo”.

La terna está integrada por el actual gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público -SETP-, Luis Guillermo Rubio; la exsecretaria de Educación y Promoción Social, Ingris Padilla; y el exdirector jurídico del Distrito, Adolfo Torné.

Vale señalar, sobre el último integrante de la terna, que Martínez, una vez le fue dictada por un juez medida de aseguramiento, que cumple en su residencia, solicitó el disfrute del periodo de vacaciones entre el 21 de marzo y el 2 de mayo de este año, nombrando como encargado a Torné.

El pasado 22 de mayo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, por encargo del Jefe del Estado, entrevistó por videoconferencia a los ternados a la Alcaldía de Santa Marta, ello después de que el Ministerio del Interior certificara que cumplieron jurídicamente con los requisitos exigidos por la ley.

La presencia del alcalde encargado Rúgeles ha sido rechazada por el gabinete que designó Martínez, tensión que se acrecentó después de que el funcionario que envió el presidente Duque cambió el 90% de los secretarios.

Incluso varios de estos ahora exfuncionarios han adelantado huelga de hambre como mecanismo de protesta.