La administración Duque busca garantizar que este procedimiento contra los cultivos ilícitos tenga las mínimas consecuencias en el medio ambiente y la salud
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Luego de que los recientes informes de la Casa Blanca de Estados Unidos y el Simci de Naciones Unidas revelaran una leve reducción en las hectáreas de cultivos de coca en Colombia en 2018, el gobierno Duque aceleró la redacción de los protocolos para reactivar la fumigación aérea con glifosato, con el fin de presentar en las próximas semanas una solicitud en ese sentido al Consejo Nacional de Estupefacientes.
El marco del documento debe atender los términos de una sentencia de la Corte Constitucional en 2017, que exige que no se afecte la salud ni el medio ambiente en las zonas asperjadas.
Si bien el Jefe del Estado recibió con beneplácito la presentación el viernes pasado del Informe Mundial Anual de Cultivos Ilícitos 2018 de Naciones Unidas, el cual indica que a corte de final del año pasado, tuvo una ligera reducción, al pasar de 171.000 hectáreas a 169.000 hectáreas, considera que requiere de la aspersión aérea con glifosato u otro herbicida para reducir significativamente estos cultivos, que no solo ponen a Colombia como el primer productor mundial de cocaína, sino que el negocio en su conjunto del narcotráfico amenaza el orden constitucional en los territorios.
“Este reporte (el informe sobre el área sembrada de coca en el 2018) muestra que, por primera vez en prácticamente siete años, se quebró la tendencia de crecimiento exponencial (de cultivos de coca)”, subrayó el Jefe de Estado. No obstante Duque advirtió que “no recibimos este reporte con triunfalismos ni con complacencia; lo recibimos dándonos cuenta de que vamos en la dirección correcta y que debemos ser cada vez más fuertes, más rigurosos y más exitosos”.
En una clara alusión a la intención de su gobierno de revivir las fumigaciones aéreas con glifosato, Duque resaltó que “aquí no se trata de que una sola herramienta sea la bala de plata, no; se trata de la combinación de todas para que Colombia sea un país libre de esta amenaza a la seguridad, al medio ambiente y al entorno social”.
En julio pasado el canciller Carlos Holmes Trujillo dijo en su visita a Estados Unidos tras sostener un encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, que en este Gobierno 40.000 hectáreas han sido erradicadas y el anhelo es erradicar 80.000 este año.
Fumigaciones
No obstante, es claro que es mucho el trabajo que falta en esta materia pues, como se dijo, el informe Simci de Naciones Unidas señaló que en el año pasado los cultivos ilícitos pasaron de 171.000 hectáreas a 169.000 hectáreas; mientras que el informe anual de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, dado a conocer en junio pasado, dice que también por primera vez desde 2012 se frenó el crecimiento de los cultivos de coca en el país al experimentar una disminución leve de 209.000 hectáreas registradas en 2017 a de 208.000 hectáreas el año anterior.
La administración Santos suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato a los cultivos ilícitos desde el primer semestre de 2015, atendiendo el principio de precaución al que hizo referencia la Corte Constitucional en una sentencia; además de que por esos días la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), la cual hace parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó el herbicida glifosato como “probablemente carcinogénicos para humanos”.
Posteriormente la Corte en la Sentencia T-236 de 2017 estableció seis requisitos que debía cumplir el Gobierno si es que pretendía reactivar las fumigaciones aéreas, uno de los cuales y más difícil de cumplir porque no hay suficiente evidencia científica según la administración Duque, es garantizar que no exista daño a la salud humana y el medio ambiente.
Por ello el Gobierno le pidió a la Corte flexibilizar dichos requisitos, frente a lo cual el alto Tribunal hace unas semanas determinó dejar en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes la decisión de reanudar la aspersión aérea con glifosato basándose en la sentencia T-236 de 2017.
En dicho pronunciamiento la Corte trajo a cuenta la motivación de dicha sentencia según la cual para el caso de la fumigación “no equivale a demostrar por una parte que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto”.
En esa dirección, si el Consejo Nacional de Estupefacientes decide reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato “deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere por un lado en la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente y por otro a la solución del problema de las drogas ilícitas conforme a los instrumentos de política pública”.
Es decir que la responsabilidad recae directamente en el Gobierno y el Consejo Nacional de Estupefacientes, haciendo la ponderación correspondiente. Lo cual indica que eventualmente podría reanudarse la fumigación en determinados lugares, con alertas previas y las respectivas evaluaciones, acorde con lo que pueda decidirse en el mencionado Consejo.
Luego del fallo de la Corte Constitucional en el que aclaraba la sentencia T-236 de 2017 la ministra de Justicia, Margarita Cabello, sostuvo que la cartera hará todo lo posible para minimizar los riesgos asociados con el glifosato.
Cabello aseguró que “a nosotros nos tranquiliza la claridad de la Corte porque esto muestra que tenemos que tener cuidado para proteger a las comunidades los recursos hídricos y la posibilidad de causar daños; y segundo defendernos y proteger la seguridad nacional a través de usar la aspersión para disminuir este aumento exponencial que se estabilizó este año de cultivos de narcotráfico con todo lo que ello conlleva”.
Según dijo, también “se está protegiendo a la sociedad para minimizar los riesgos al máximo posible a la sociedad y así evitar el daño. La corte fue equilibrada en ese sentido”.