En lo corrido de 2018 se registraron 180 víctimas por minas antipersonales en Colombia, lo que significó un aumento cercano al 300% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando hubo 56 heridos. Datos desalentadores si se tiene en cuenta que en 2017 se alcanzó el nivel más bajo de la historia con relación a este flagelo. 

Estos números fueron publicados en el informe anual ‘Monitor de Minas Antiperonal 2018’ realizado por la Campaña Internacional por la Prohibición de las Minas Antipersonal (ICBL, por sus siglas en inglés) el cual registra los avances y desaciertos en la lucha contra la siembra de estos artefactos a nivel global. 

Con los 180 damnificados por minas contabilizados hasta el 4 de diciembre del año que corre, Colombia se ubicó nuevamente entre las 10 naciones con mayor cantidad de afectados por esta problemática en el planeta, detalla el informe. 

Al respecto, el director de la Campaña Colombiana Contra Minas, Álvaro Jiménez, le explicó a la Agencia Anadolu que: “El país está presentando nuevamente un incremento por accidentalidad de minas asociado a la disputa por el control del territorio de grupos al margen de la ley como las disidencias de las Farc, el ELN, bandas del Clan de Golfo, las Autodefensas Gaitanistas, los Caparrapos y los Tijuaneros”.

La presencia de actores armados no estatales y exacerbación de la violencia -según Jiménez- es notoria en regiones como el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, algunas zonas de Arauca, el suroccidente de Nariño, el norte y sur del Cauca, además de territorios del Guaviare, Caquetá, Boyacá, Casanare y Chocó.

“Cabe destacar que cuando un solo actor armado ilegal está controlando una región, lo normal que observamos es que los indicadores de violencia caen, pues no hay disputa alguna. Hoy, los actores armados que tenemos en el territorio nacional son altamente volubles en sus conductas y comportamientos contra la comunidad, como con las personas que llegan a desminar determinados espacios. Con las condiciones de inestabilidad que hay en municipios como Tumaco es mucho más difícil vivir ahora que hace unos 10 años, cuando el frente 28 de las Farc controlaba este municipio”, añadió Jiménez. 

El documento resaltó que las disidencias de las Farc fueron las responsables de 306 incidentes con minas antipersona en 2017 y de 341 sucesos de este tipo contabilizados en el primer semestre de 2018.

Por su parte, el ELN tuvo que ver con 219 incidentes con minas registrados el año pasado y con 48 en los primeros seis meses del año que corre. 

“El Estado colombiano y distintas fuentes han reportado que en territorios donde hay presencia de disidencias de las Farc y de guerrilleros del ELN ha habido hechos ligados con minas antipersonales que, es importante destacar, no significaron daños físicos sobre personas”. 

El ‘Monitor de Minas Antiperonal 2018’ también le atribuyó acontecimientos con minas antipersona a grupos criminales o paramilitares que a menudo trabajan para narcotraficantes. 

En más de medio siglo de guerra interna en Colombia fueron comprobadas 11.629 víctimas por la explosión de estos artefactos. El año más crítico fue el 2006 con 1.229 afectados. Aunque, en la última década, la tendencia decreció con excepción de 2012 y 2018.

De dichos números, el total de lesionados contados entre 1990 y 2017 fue de 11.048 individuos, de los cuales, 2.248 resultaron muertos y 8.800 heridos. 

Para minimizar el impacto generado por las minas, Colombia obtuvo en 2017 unos USD 65.5 millones en asistencia internacional de 14 donantes, más del doble de lo recibido en 2016, cuando 12 naciones contribuyeron con unos USD 26 millones. 

Desde 2013, las donaciones internacionales a Colombia llegaron a los USD 131 millones.

Pese a los importantes aportes internacionales, la población civil representó el mayor porcentaje de perjudicados por minas en 2017 y 2018. 

Los 10 departamentos con mayores índices fueron: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño y Norte de Santander. Así las cosas, desde 1982, ningún departamento del país ha sido ajeno a esta problemática.

Al respecto, Jiménez también llamó la atención por el notable incremento de civiles heridos por minas antipersona en los trabajos de erradicación manual de coca. En los últimos 10 años se presentaron 256 casos de personas afectadas en medio de operaciones antinarcóticos: 60% civiles y 40% militares. 

“Este es un tema de vital importancia para el país porque ha cobrado un altísimo costo de vidas. Debido a esto, en 2018 registramos en un solo día 10 personas heridas mientras erradicaban coca. Este grupo de comportamientos violan la Convención de Ottawa en su espíritu, porque en su artículo quinto recuerda que los Estados deben hacer todos los esfuerzos posibles para que sus ciudadanos se alejen de los sitios afectados por minas. Pedimos al Gobierno colombiano que no contrate más civiles para trabajos de erradicación”, dijo Jiménez. 

Finalmente, el experto afirmó que Colombia no logrará cumplir con lo pactado en el Tratado de Ottawa (1997), firmado entre 133 naciones, donde el país está en la obligación de “destruir todas las minas antipersonales” antes del 1 de marzo de 2021. 

El informe detalla que “existe una baja probabilidad de cumplir la fecha limite acordada en el Tratado” ya que el alcance de contaminación por minas antipersonales, al cierre de 2017, es de 46 millones de metros cuadrados. 

Una cifra aproximada si se tiene en cuenta que hay grandes extensiones de tierra selvática que aún no han sido intervenidas por los organismos de control de desminado. 

Lo que sí determinó con exactitud el informe en Colombia es que, a la fecha, hay “1.941.671 metros cuadrados (m2) de tierra libre de sospecha de contaminación por Artefactos Explosivos (AE), 209.866 m2 de tierra cancelada (que no presenta riesgo de minas), 283.046 m2 de tierras reducidas (no existe evidencia de AE), y 259.783 m2 de zonas despejadas (remoción asegurada)”.