Pese a las advertencias del Instituto Anticorrupción de suspender el proceso, la Gobernación de Cundinamarca adjudicó a la firma China Civil Engineering Construction Corporation el proyecto para la construcción del tren de cercanías de La Sabana o Regiotram de Occidente, que conectará a Bogotá con Facatativá.

El gobernador Jorge Emilio Rey, que dejará su cargo el 31 de este mes, defendió la adjudicación señalando que se actuó con apego a la ley. “Garantizamos los aspectos, técnicos y financieros. Nunca hubo una eventual observación sobre un posible direccionamiento. Evaluamos documento por documento y no se halló una inhabilidad de este proponente”, sostuvo.

La firma china fue el único oferente en el proceso, de allí la mención de Rey a la propuesta. Añadió que si se hubiera rechazado la oferta del consorcio se verían avocados a una eventual demanda por parte de la firma.

“Esta firma es, sin duda, que permite desde el análisis general de su condición patrimonial, garantizar que hay solvencia para cumplir con los compromisos adquiridos. Ocupa el tercer puesto dentro de las 250 empresas contratistas más grandes del mundo”, remató el Gobernador.

El Regiotram, que busca conectar Bogotá con Facatativá, es un proyecto que busca beneficiar a más de 130.000 pasajeros cada día.

Los pedidos

Previamente desde el Instituto Anticorrupción se había pedido a la Procuraduría y a la Gobernación de Cundinamarca frenar el proceso de licitación del proyecto Regiotram.

“La compañía China Railway Construction Corporation fue el único proponente que se presentó y en junio fue incluida en la lista negra del Banco Mundial por haber presentado documentación falsa para acreditar su experiencia en un megaproyecto de infraestructura en otro país”, indicó Camilo Enciso, director del instituto.

Enciso también aseguró que para la licitación por $3.4 billones para el tren de cercanías, es necesario estar seguros de la autenticidad de la empresa. “Hay que suspender el proceso hasta que no haya claridad de la veracidad de la documentación que está presentando dicha compañía para quedarse con el contrato”, dijo. El Regiotram podría movilizar 11 millones de pasajeros al año.

De otra parte, las críticas de Enciso estaban encaminadas a revisar posibles irregularidades por parte de la compañía y evitar eventuales desfalcos a la nación. Según Enciso, aunque la compañía es reconocida a nivel mundial por sus proyectos de infraestructura, “el problema es que fue incluida el cuatro de junio en la lista negra de contratistas del Banco Mundial”.

Enciso señaló que a esa lista negra llegan las empresas que violan las reglas de la contratación y por posible lavado de activos “la empresa fue incluida porque en una licitación de infraestructura en Georgia financiada por el Banco Mundial, presentó documentación fraudulenta para acreditar su experiencia en materia del personal y proyectos previos”.

Enciso sostuvo que “hay que estar seguros de que estamos contratando a alguien que está jugando limpio”.

Contratación

En el mismo sentido, le había solicitado al procurador Fernando Carrillo acompañamiento especial al proceso de licitación “para estar seguros de que esa adjudicación se hace con apego a la ley, que no está violando las normas de contratación estatal y menos presentando documentación falsa”.

Será un contrato de concesión integral con plazo de ejecución de 26 años (cuatro años de obra y 22 de operación). La concesión se desarrollará en tres etapas: diseño, construcción y pruebas (4,5 años), operación y mantenimiento (21 años) y reversión de la infraestructura a la Empresa Férrea Regional (seis meses). Luego de la adjudicación del contrato de concesión, en 2020 se iniciará la etapa de pre-construcción, en 2023 las pruebas y se prevé la entrada en operación para el primer semestre de 2024.

Desde el comienzo del proceso, las empresas interesadas solicitaron modificaciones de los pliegos. Una de las empresas que se interesó fue la brasilera Camargo Correa, considerada de las 23 empresas con las que operaba Odebrecht.

Esta empresa pidió que se modificara el requisito de experiencia y que lo amplíen a contratos suscritos desde 1994, no desde 2004 cómo está estipulado.

Otra de las polémicas firmas que manifestó interés por el Regiotram fue la española Sacyr, constructora del criticado puente Hisgaura en Colombia y que también está reclamando, en un lío diplomático, US$5.200 millones en sobrecostos por las obras de ampliación del Canal de Panamá, cuando firmaron por 3.200 millones.