EL NUEVO SIGLO: ¿Qué puntos específicos del Código de Minas busca reformar con este proyecto de ley?

LUCIANO GRISALES: Es evidente que el país más que el diagnóstico de la situación actual con respecto a la minería, necesita adaptación, necesita un gran acuerdo social, que todos nos pongamos de acuerdo sobre qué tipo de explotación minera queremos, en dónde la queremos hacer y de qué manera, porque las afectaciones por ejemplo, al medio ambiente en la Amazonia, el Chocó, el Cauca, el bajo Cauca antioqueño, dicen que definitivamente hay muchas cosas por cambiar.

De entrada, la minería ilegal, el narcotráfico y el cultivo de cocaína, de marihuana y amapola, están destrozando muy buena parte de la selva y eso nos llamó mucho la atención, además, de que la Corte ya hace cuatro o cinco años tal vez, había sentenciado. Definitivamente hay que hacer una reforma al código minero teniendo en cuenta las comunidades, porque en ese entonces hubo una dificultad con la consulta previa y se dio dos años para eso y ya básicamente llevamos cuatro años. Me parece que el Congreso de la República no puede propiciar a partir de esa inactividad, cosas como las que están sucediendo en los ríos del Chocó.

Por eso, presentamos una reforma al Código de Minas que tiene varios antecedentes.

ENS: ¿Cuáles son esos antecedentes?

LG: Precisamente ese primer texto; segundo, el dialogo con las comunidades, con los grandes y pequeños mineros, con los ambientalistas, con el Gobierno anterior, hablar de la institucionalidad, de los mineros como tal. Esa adaptación de la ley implica reconocer todos esos factores y variables.

ENS: Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál es la importancia en que esta reforma sea aplicada ya al Código de Minas?

LG: Queremos adaptarlo a una realidad. Cuando uno habla de ilegalidad de entrada hay que comparar que no hay una ley que lo oriente y lo cumpla. Muchos pequeños mineros a falta de la oportunidad de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, porque son unas exigencias montadas para grandes mineros con unos capitales de trabajo inmensamente grandes, decidían seguir actuando y realizando actividades mineras sin entrar en la reglamentación o en la norma que orienta la adecuada explotación de sus minerales. Entonces, se seguían utilizando cosas como el mercurio, se realizaban de forma inadecuada.

Con todo eso, yo siento que esa adaptación que habla de la institucionalidad, de la cualificación y de la clasificación de acuerdo a los volúmenes y a las capacidades de trabajo y a los capitales de trabajo de los mineros en diferentes categorías, que habla de la importancia con los habitantes de los territorios, algo que hoy ya no llama mucho la atención, porque varios territorios y los habitantes de ciertas zonas del país han optado por mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares y eso ha puesto en entredicho la explotación minera y de hidrocarburos en el país.

ENS: En materia de conservación del medio ambiente, ¿qué se le pide al Congreso?

LG: Nosotros esperamos que se dé un adecuado debate, queríamos llamar la atención que en el país se hable lo más pronto posible de ese tema y llegar a un gran acuerdo social teniendo en cuenta cosas que son razones superiores para el desarrollo económico y social del país. Por ejemplo, el mantenimiento de la biodiversidad, la preservación de las fuentes hídricas, como ir teniendo a Colombia en una condición de país que guarda una gran cantidad de flora y fauna que desencadena también una gran cantidad de condiciones que tiene que ver con la vida de los colombianos.

Salvaguardando eso, lo que queremos es que se dé el debate, salir de esa pasividad, de ese confort que a algunos les genera no cambiar nada, que nos va llevando a más y más problemas y finalmente, queremos poner de una vez en el debate lo que significa la real reforma al código de minas en Colombia.