La Fiscalía acusó a Fredy Alexander Gómez Bustamante, integrante de la Policía Nacional y a Rafael Ricardo Santos Fuentes, un particular, por presuntamente facilitar la interceptación ilegal de los celulares de Marelbys Meza y otra persona.

La Fiscalía General de la Nación cuenta con evidencia física y elementos materiales probatorios para demostrar que el subintendente Fredy Alexander Gómez Bustamante y el particular Rafael Ricardo Santos Fuentes, quien fungía como fuente humana, no se reunieron los primeros días de febrero de 2023, en las instalaciones de la SIJIN en Bogotá, para hablar sobre el paradero de unos dólares.

Los supuestos detalles de ese encuentro, que nunca ocurrió, fueron consignados en un informe de policía judicial por parte de otros integrantes de la Policía Nacional, que indujeron en error a una fiscal de la Seccional Bogotá que tenía a su cargo la indagación por el hurto de unos dólares en el apartamento de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres.

En ese sentido, la fiscal terminó por avalar la intervención de las líneas de Marelbys Meza Buelvas, exniñera en la casa de la señora Sarabia Torres; y de un hombre. Esta actuación solo se pudo concretar con un abonado telefónico, pues el de la exempleada estaba interceptado por instrucción de una fiscalía adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Quibdó (Chocó).

Posteriormente, Gómez Bustamante y Santos Fuentes rindieron declaraciones juramentadas falsas ante una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con el objetivo de desviar la investigación que se seguía en contra de algunos servidores de la Policía Nacional.

Para la Fiscalía, estas personas actuaron en común acuerdo y suministraron declaraciones espurias con las que pretendieron inducir en error a funcionarios judiciales, en relación con las circunstancias que conllevaron a la orden de interceptación telefónica sobre los teléfonos que usaban Marelbys Meza y a un amigo de ella.

Por lo anterior, una fiscala adscrita al CTI los acusó por el delito de fraude procesal.