Acuerdos de pago por $1.600 millones concertó el Hospital San Rafael de Leticia con las EPS y otras entidades responsables, anunció el agente interventor Albert Ferney Giraldo.

Con esos recursos se garantizó la liquidación y el pago de la nómina correspondiente al mes de abril, por $456 millones, informó Giraldo al cierre de los primeros 15 días de la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.

Giraldo y su equipo de trabajo culminaron el proceso de evaluación y análisis de la situación de la sede principal, así como de sus nueve centros de salud satélites, para establecer el plan de acción que se desarrollará durante los 12 meses en los que tendrán la tarea de subsanar los hallazgos encontrados para estabilizarlo financieramente y garantizar una adecuada atención a la población en el departamento del Amazonas.

“Estamos trabajando para garantizar una adecuada prestación de los servicios de salud a toda la población e implementar las acciones tendientes a superar los indicadores negativos que encontramos; así como para estabilizar la operación del Hospital y mitigar los riesgos en esta época de pandemia que atravesamos”, aseguró Giraldo.

En el diagnóstico realizado se detectaron aspectos que representan un riesgo para los pacientes, el personal de la salud y la operación del Hospital, como cuentas por pagar y por cobrar sin depurar. De acuerdo con la información que se ha podido recopilar, las cuentas por pagar ascienden a los $7.324 millones, sin incluir el monto que se adeuda por concepto de salarios. En cuanto a las cuentas por cobrar por los servicios prestados a las EPS, se reportó un valor de $7.925 millones, de los cuales solo ha sido radicado el 33% de la facturación entre enero y marzo de 2020.

El interventor halló insuficiencia de insumos, pues no existen reactivos para gases arteriales y la morgue no cuenta con nevera para la conservación de cadáveres.

Además, se detectaron deficiencias administrativas. En materia contractual se encontraron contratos sin evidencia del cumplimiento de actividades y sin los soportes de supervisión correspondientes. Las pólizas de seguros no reúnen los requisitos para el amparo de los riesgos, por la cual, se tuvo que subsanar esta situación, una vez se dio la orden de intervención. También, se identificó que el contrato para el suministro de medicamentos y elementos médico-quirúrgicos está firmado y legalizado, pero el proveedor no ha hecho entrega de los pedidos solicitados. Se encontró un contrato con una empresa de consultoría y asesoría en Bogotá que no está siendo ejecutado, al igual que otro contrato hecho al revisor fiscal, que no ha cumplido con la entrega de los informes de los estados financieros del 2019. El Hospital, no facturaba el 100% de los servicios prestados y los registrados eran radicados hasta 7 meses después de la prestación respectiva. Al momento de la intervención, el equipo financiero-administrativo no contaba con un área de trabajo que diera garantías de seguridad y salud ocupacional a sus colaboradores.

Bioseguridad

El informe dio cuenta del incumplimiento de los protocolos de bioseguridad. No todo el personal asistencial contaba con los elementos de protección personal. Se pudo establecer que no se implementaban los procedimientos de adquisición, recepción, tanto almacenamiento como distribución de insumos, suministros y medicamentos. El centro asistencial solo cuenta con una ambulancia habilitada y operando, pero presenta fallas en su mantenimiento, dotación y desinfección.

Y como si fuera poco, el Hospital no había implementado la ruta de atención para el Covid-19, situación que aumenta el riesgo de contagio.

“Dentro del plan de trabajo que se diseña estamos incluyendo medidas que corrija todas estas fallas administrativas, logrando estabilizar la operación del Hospital y mitigar los riesgos en medio de esta época de pandemia”, indicó Giraldo.

De igual forma, ya se están implementando políticas de saneamiento financiero, programas de limpieza en áreas intrahospitalarias; se trabaja en el mejoramiento de la cadena de frío de los medicamentos; en la revisión, mantenimiento y reparación de la planta de oxígeno, así como en la implementación de las rutas de atención y políticas de seguridad del paciente, por parte del personal de salud.

Simultáneamente, el Ministerio de Salud y Protección Social destinó $1.300 millones para la compra de equipos y elementos de protección para el personal que labora en el Hospital.

Adicionalmente, se apropiaron recursos por $2.000 millones para cubrir el pago del personal de la institución, para la organización e integración de la cartera a través de una plataforma de facturación, cubrir cuentas médicas, glosas, además del sistema de información de prestaciones de salud (RIPS), y para las adecuaciones locativas de expansión de los servicios.