El Jefe de la cartera de Defensa requirió que los informes producidos por los distintos mecanismos de monitoreo y verificación de los cese al fuego vigentes, tanto con el EMC como con el Eln, presenten los resultados de los posibles incidentes, actos y/o casos que puedan llegar a considerarse como violaciones de los protocolos de cese al juego, en el marco de los espacios de negociación.
“Nuestra posición unificada del Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Militares y con la Policía Nacional es que se haga la verificación efectiva, y en ese sentido hemos planteado en los Mecanismos, la reforma de los reglamentos internos para que se establezcan plazos perentorios de verificación y de respuesta a los eventuales hechos violatorios que se han presentado”, señaló el Ministro Velásquez, y reveló que los informes presentados por los Mecanismos de Monitoreo y Verificación con ocasión del vencimiento al tiempo pactado para el cese al fuego, se limitaban a detallar, los efectos benéficos o las dificultades del cese y la cantidad de casos presentados para su verificación, y no se presentaba los resultados producto de las verificaciones.
A pesar de que el Ministro Velásquez se abstuvo de revelar una cifra oficial de personas privadas de la libertad por parte del Eln, con motivo de que dicho número se encuentra aún en proceso de determinación por parte de las delegaciones en la mesa de negociaciones, el funcionario del Gobierno Petro si advirtió que según la información del Alto Comisionado para la Paz, el proceso de liberación de secuestrados por parte de la guerrilla del Eln, ya se encuentra en curso y avanza de manera satisfactoria.
En ese mismo sentido, el ministro de Defensa, Iván Velásquez recordó que en la lucha del Estado colombiano contra las organizaciones armadas ilegales o grupos criminales que no se encuentren en procesos de negociación o conversación (como por ejemplo, el Clan del Golfo), es política del Gobierno del Presidente Gustavo Petro autorizar y/o admitir las operaciones de bombardeo, única y exclusivamente si la inteligencia militar logra acreditar fehacientemente que no hay presencia de menores de edad, victimas del reclutamiento ilícito, en los campamentos de dichas organizaciones ilegales.
Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, General Helder Fernán Giraldo, reveló que la contundencia operacional contra el Clan del Golfo en este 2024 ha permitido aumentar el número de afectaciones en un 56% en comparación con el mismo periodo del año anterior “En promedio son 4 afectaciones diarias que sufre el Clan del Golfo, en este año han sido 196” y advirtió que esta organización armada ilegal mantiene el reclutamiento ilícito de menores de edad.
De otra parte, el alto funcionario, recordó que los delitos tienen que ser combatidos solamente por las autoridades, más no por los particulares, en respuesta a la propuesta de algunos gremios para desarrollar unas brigadas de seguridad, “una cosa es la colaboración que la ciudadanía debe darle a la Fuerza Pública, para que sean ellos quienes actúen, y otra cosa es la organización de grupos ciudadanos para enfrentar directamente expresiones delictivas”, explicó Velásquez. “El Gobierno no patrocina, no promueve, no apoya, no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a algún acto delictivo”.
Frente a la lucha contra el delito de extorsión el Ministro Velásquez reveló que gracias a la ‘Operación Dominó’ liderada por la Policía Nacional, ya se tienen identificados a los 40 mayores dinamizadores de la extorsión carcelaria, frente a quienes se les ha aumentado los allanamientos, las requisas, los controles y los traslados de centro penitenciario, a fin de evitar esa continuidad en la comunicación con el exterior que tiene propósitos extorsivos. El General José Luis Ramirez Hinestroza, Jefe del Servicio Nacional de Policía, reveló que ha habido un aumento del 13% en el numero de personas capturadas por el delito de extorsión, por parte de los Gaula de la Dirección antisecuestro y antiextorsión, evitando así que se paguen más de 15.000 millones de pesos por el delito de extorsión.