Esta semana el Relleno Sanitario Doña Juana fue nuevamente noticia, pues la Alcaldía Mayor de Bogotá tomó la decisión de denunciar penalmente al concesionario que tiene a su cargo su funcionamiento. No obstante, ¿cuál es exactamente el problema alrededor de este relleno y cómo han avanzado los procesos en su contra?

Al hacer pública la denuncia, la alcaldesa indicó que, entre otras cosas, el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) no cumplió con la forma en la que se debe dar tratamiento a los lixiviados en el relleno, e indicó que lo denunciaría por los presuntos delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial.

“CGR no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento, ni con los estándares de tratamiento de lixiviados en el relleno Doña Juana durante cuatro años”, afirmó el lunes la Alcaldesa Mayor, quien añadió que este ha sido el caso de abuso y corrupción más grave que ella ha descubierto en la Alcaldía desde que asumió el cargo.

“Ningún otro operador, que yo conozca, le está haciendo semejante estafa a los bogotanos por no recibir un tratamiento de lixiviados pese a que lo seguimos pagando”, subrayó la mandataria, quien dijo que el Consorcio además se ha embolsillado 163 mil millones de pesos de los bogotanos.

Esos 163 mil millones, explicó la Uaesp, se deberían ver traducidos en un STL (Sistema de Tratamiento de Lixiviados) que no existe y razón por la cual se ha generado un mayor impacto ambiental sobre los ríos Tunjuelo y Bogotá, deteriorando la salud pública para los habitantes de los alrededores, por las condiciones de la calidad del aire (olores ofensivos), proliferación de vectores y evidente deterioro del recurso hídrico, con una total vulneración al derecho de un ambiente sano.

En conclusión, la conducta del concesionario no ha podido satisfacer la necesidad advertida por la Uaesp en el contrato y, contrario a ello, se está realizando un vertimiento ineficiente e ilegal de los residuos al río Tunjuelo. Vale referir que del 100% de los parámetros que dicta la norma, el operador cumple apenas con cerca del 50%.

La respuesta del concesionario

Frente a la más reciente denuncia hecha por el Distrito, el Consorcio CGR socializó un comunicado en el que anunció que iría a las instancias judiciales para ejercer su derecho a la defensa, reservándose el derecho de iniciar las acciones judiciales que tenga a su disposición para defender su buen nombre.

"Se reitera la invitación a la Administración Distrital para revisar conjuntamente los avances relacionados en el tratamiento de lixiviados hasta la fecha, en los que se evidencia el cumplimiento del objeto contractual", señaló la empresa en su comunicación.

Así mismo, reiteraron la invitación a los entes de control a hacer una visita al relleno sanitario Doña Juana para que verifiquen los avances que, de acuerdo con ellos, han adelantado.

Costos y fraude

Otros de los motivos que llevaron a que se profiriera esta nueva demanda está relacionado con el hecho de que la conducta omisiva del consorcio frente al cumplimiento de sus obligaciones ha hecho que los costos de inversión necesarios para la optimización del sistema asciendan a más de 110 mil millones de pesos. Y estos costos serían inferiores si las sumas canceladas se hubieran destinado a la satisfacción de las obligaciones contractuales.

En cuanto al delito de fraude a resolución judicial, la obligación corresponde a las órdenes y condenas que se impusieron al consorcio en el laudo arbitral proferido el 27 de septiembre de 2018, que quedó ejecutoriado el 11 de octubre del mismo año. A pesar de que el Tribunal fijó un período de tiempo, no se ha cumplido con ninguna de ellas.

Respecto del delito de fraude procesal, el Distrito consideró que se configuró a partir de un medio fraudulento por sus afirmaciones mentirosas, tendenciosas, convenientes y sesgadas, con lo que el representante legal pretendió hacer incurrir en error a la magistrada con la finalidad de obtener, como medida preventiva, la suspensión del POT como provecho ilícito a su favor, en el marco del ya referido incidente de desacato.

Contraloría asumirá la investigación

Un componente adicional relacionado con el relleno sanitario que se adelantó esta semana es el relacionado con la entidad que deberá adelantar todas las investigaciones pertinentes.

Para tal motivo la Contraloría General de la República canceló la acción conjunta de auditoría especial que realizaba desde abril pasado, por solicitud de la Contraloría de Bogotá, al Relleno Sanitario Doña Juana, contrato de concesión 344 de 2010, suscrito por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

El ente de control nacional remitió la información recaudada nuevamente a la Contraloría de Bogotá, para que sea esta la entidad que continúe con la actuación dentro de sus competencias. 

Esta auditoría tenía que ver con la fiscalización sobre el asunto denominado “Pagos adeudados por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp)” al Consorcio Concesionario Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana por concepto de remuneración, según el contrato de concesión 344 de 2010.

“La información que se ha venido solicitando dentro de la presente actuación, y las respuestas recibidas, corresponden en buena medida a situaciones contractuales y de conflictos derivados de la ejecución del contrato de concesión 344 de 2010 suscrito por la Uaesp y el concesionario ‘Centro de Gerenciamiento de Residuos CGR Doña Juana’, temas que, por su resorte, son competencia de los jueces del contrato y de la Contraloría de Bogotá, esta última con personal idóneo y conocimiento histórico de la evolución de dicho contrato”, explicó hace dos días la Contraloría General.

• Le puede interesar:

Personería hará seguimiento

Por su parte, la Personería de Bogotá está haciendo un seguimiento permanente a la problemática de salud derivada del mal tratamiento de los lixiviados, razón por la cual el pasado viernes 8 de julio en el río Tunjuelo tomó muestras del vertimiento proveniente del relleno sanitario de Doña Juana, con la siguiente conclusión:

“La Estructura Ecológica Principal EEP del Río Tunjuelo está altamente afectada por el vertimiento de lixiviados provenientes del RSDJ, los cuales no están siendo adecuadamente tratados, debido al incumplimiento de objeto contractual de parte del Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana y a la evidente falta de gestión y sanción de parte de las autoridades ambientales competentes”, indicó hace dos días la Personería.

Así mismo, la entidad hizo un recorrido por la planta con el fin de verificar algunos apartes de su funcionamiento, y encontró unidades sin acondicionamiento y mejora, con retrasos en su programación y ejecución. Vale recordar que la Personería ya se había referido al incumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión N.° 344 de 2010.

De hecho, en diciembre del 2021 advirtió que el Proyecto Sanitario Doña Juana no contaba con un Sistema de Tratamiento de Lixiviados Optimizado, tal y como lo establece el numeral 7 de la cláusula segunda del Contrato de Concesión.

Por último, reiteró que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público (Uaesp) es la instancia titular de la licencia ambiental y responsable de la gestión integral de los residuos sólidos, y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) es encargada del control y monitoreo del impacto ambiental que tiene el relleno sanitario en el Distrito Capital.