El cierre del que es ya, sin duda alguna, el año más crítico para Colombia en este siglo, está dejando muchas lecciones aprendidas en torno a los puntos altos y bajos en la forma de enfrentar la pandemia.
Por ejemplo, si bien es cierto que la mayoría de los colombianos ha demostrado un grado positivo en materia de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las restricciones para contener el avance de la pandemia, una pequeña porción se ha caracterizado por todo lo contrario, en una actitud claramente antisocial frente a una emergencia en donde la clave es una sola: el autocuidado protege la salud propia, la de los seres más queridos y de la comunidad en general.
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Una prueba de esto último es que desde la tercera semana de marzo hasta hoy las autoridades han tenido que imponer comparendos por infracciones de normas sanitarias anti-Covid a 880.765 ciudadanos e incluso 8.765 fueron capturados por incumplir los decretos y demás normatividad activada para disminuir el número de contagios y decesos por la pandemia.
El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, explicó que desde el inicio de la crisis sanitaria la institución ha sido rigurosa en garantizar el estricto cumplimiento de todas las medidas de cuarentena, aislamiento preventivo (luego selectivo) y las demás implementadas para evitar la propagación del virus.
“A pesar de que progresivamente se elevó el número de personas en las calles, se mantuvieron los controles institucionales para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, pero con un énfasis orientado hacia los llamados a la responsabilidad, al autocuidado y a una actitud de civismo frente a esta pandemia que cada día cobra víctimas fatales”, señaló el general Vargas.
El alto oficial precisó que la Policía no solo enfrenta a la criminalidad en todos sus órdenes, sino que viene efectuando permanentes controles para detectar a los infractores de las medidas de aislamiento, proceder a su captura cuando así lo establece la ley así como mantener una labor preventiva de verificación del cumplimiento de las prohibiciones, especialmente en billares, casinos, discotecas, parques, gimnasios, eventos deportivos, artísticos y de entretenimiento, entre muchos otros escenarios públicos y privados.
De acuerdo con el general Vargas desde el 25 de marzo a la fecha se registran 8.765 capturas por violación de las medidas sanitarias, la cual está tipificada en el artículo 368 del Código Penal, que señala que “el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años”.
Las detenciones se han registrado especialmente en Cartagena, con 1.210; en Medellín, 1.091; en Santander 687 y en Sucre 488.
“Debido al hacinamiento que se registra en las cárceles del territorio nacional y al ser un delito excarcelable, la mayor parte de las personas capturadas no fueron judicializadas o no fueron privadas de la libertad. Sin embargo, otros ciudadanos quedaron con detención domiciliaria. Los procesos judiciales contra los capturados continúan con su curso normal”, explicó el Director de Seguridad Ciudadana.
Bogotá, a la cabeza
Ser blanco de este tipo de sanciones no es un asunto menor. El general Vargas recordó que “los infractores reciben un comparendo tipo 4 estipulado en el Código de Seguridad Ciudadana y equivale al pago de 936.320 pesos. También se impone una sanción de tipo penal, de cuatro a ocho años de prisión, por propagar la pandemia o una sanción económica, de alrededor de $292 millones, por estar en una fiesta o incitar al tumulto”.
¿Por qué se han aplicado esas 880 mil multas desde el pasado 25 de marzo? La mayoría, de acuerdo con la información oficial, obedece al incumplimiento del aislamiento obligatorio por parte de 774.197 ciudadanos.
Por ejemplo, por el no uso del tapabocas se impusieron 108.327 comparendos; por infringir la restricción a la movilidad, 45.176 medidas; por consumo de bebidas alcohólicas en horarios y sitios prohibidos, 36.073; y por aglomeración de personas 22.998 fueron cobijadas con este tipo de medidas correctivas.
El general Vargas indicó que en las ciudades capitales se han registrado 698.750 comparendos, siendo Bogotá la de mayor registro, ya que acumula 186.298 sanciones. Le siguen Medellín, con 100.536; Cartagena, con 57.501; Barranquilla, con 48.040 y Cali, con 30.518, entre otras.
Más de 40 mil intervenciones
El alto oficial recordó que los uniformados continúan interviniendo en eventos de carácter público o privado en donde se presente aglomeración de personas, especialmente por fiestas ilegales y reuniones no autorizadas.
Recalcó el General que todas las intervenciones de los uniformados para hacer cumplir las medidas de precaución sanitaria están enmarcadas en el Código de Seguridad Ciudadana. “Todas las medidas que expedidas el Ministerio de Salud son de obligatorio cumplimiento, luego que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia al Covid-19”.
Precisamente el Artículo 33 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana señala los comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas por los sonidos o ruidos en fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario por su alto impacto auditivo. El aspecto sanitario también es uno de esos comportamientos reglados.
De igual manera, el artículo 93 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia señala los comportamientos anómalos relacionados con la seguridad y la tranquilidad que afectan las actividades económicas, como auspiciar riñas o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas o escándalos y generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas o en su entorno.
“Los diferentes decretos presidenciales que establecieron el Aislamiento Preventivo hacían expresa referencia a las actividades que -en ningún caso- estaban permitidas, entre ellas eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas”, explicó el alto oficial.
Precisó que “las normas oficiales tampoco permitieron los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video”.
Es más, la Policía Nacional desde el 25 de marzo hasta la semana pasada intervino en 81.335 eventos de carácter público o privado con aglomeración de personas. De estos, 43.599 fueron en viviendas y 37.736 en entornos públicos.
“Se impusieron 202.030 comparendos y se realizaron 5.465 capturas por violación de las medidas en las fiestas intervenidas, en las principales ciudades del país”, indicó el Director de Seguridad Ciudadana.
¿Y el pago?
Este es un tema más complicado de establecer, ya que no le corresponde a la Policía esta tarea sino a las inspecciones de Policía por tratarse de violaciones al Código de Policía y Convivencia.
Explicó el general Vargas que si el comparendo impuesto señala multa tipo 1 o 2, el ciudadano infractor puede participar en una actividad pedagógica de convivencia y, posteriormente, solicitar al Inspector de Policía de su jurisdicción el no pago de la multa.
Hasta el momento no hay un estimado oficial sobre lo que ha pasado con el pago de los comparendos. Incluso, el hecho de que una parte de ellos haya sido impuesta a ciudadanos venezolanos que están irregularmente en nuestro país hace muy difícil que cumplan con la cancelación de la multa o el trabajo comunitario alternativo.
Lo importante, en últimas, no es qué tanto dinero se ha recibido por los comparendos, sino que la ciudadanía cumpla con los protocolos de bioseguridad y las restricciones sanitarias, ya que cada infractor pone en riesgo la vida propia, sus familias y la comunidad en general.