Un preocupante panorama de los maltratos que siguen padeciendo las mujeres en el país por razones de género, presentó ayer la Defensoría del Pueblo al revelar el ‘Informe Defensorial: Violencias Basadas en Género y Discriminación’ correspondiente a 2018.

De acuerdo con el documento presentado por el defensor Carlos Alfonso Negret Mosquera, este tipo de violencias basadas en género son padecidas tanto por mujeres heterosexuales como por personas con orientación sexual e identidad de género diversa, tanto en el ámbito público como en el privado.

El análisis muestra que en el 73% de las atenciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en 2018, los agresores fueron la pareja sentimental o expareja de la víctima.

De acuerdo a las atenciones realizadas por las duplas de género durante el año pasado, se observa que de las 3.225 atenciones realizadas 19.4 % fue por hechos de violencia sexual cometidos contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

El informe señala que en 43% de los casos el presunto agresor fue un integrante de la familia: 2,3% es funcionario de la Policía o el Ejército Nacional, mientras que para las personas Lgbti 42% de las agresiones se dieron por un conocido o familiar y 58% por una persona desconocida.

Así mismo, durante el año pasado se registraron 67 feminicidios y 72 tentativas de feminicidios, delitos en los cuales la pareja ha sido reportada como agresor en 59% y 52% de los casos respectivamente, siendo los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá donde más se han registrado estas agresiones, tendencia que se mantiene desde 2016.

“La Defensoría del Pueblo llama la atención respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes quienes, según Medicina Legal, fueron víctimas en 86,83% de casos. En relación a las víctimas de violencia sexual, preocupa a la Defensoría que, aunque Medicina Legal reporta un incremento del 12,76% en los casos de este delito (2018), la Fiscalía aún no avanza lo suficiente en la investigación de estos procesos”, reza el documento.

Las recomendaciones

En el informe, el defensor Negret Mosquera llamó la atención “sobre la alarmante situación que viven las mujeres debido a causas como la dependencia económica y todas las formas de violencias”.

Para tratar de paliar la situación, el Defensor del Pueblo formuló una serie de recomendaciones a las entidades del Estado que tiene que ver con la problemática.

Estas recomendaciones se relacionan con: barreras de acceso a la justicia; garantías del derecho a la salud; la inexistencia de sistemas de información unificada y confiable; el incremento en el asesinato de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos; la violencia institucional; la desarticulación entre el Gobierno nacional y los territorios; así como la necesidad de fortalecer las estrategias en materia de educación y cultura.

Respecto de las zonas de frontera, dice el Informe Defensorial “se han convertido en un punto fuerte en donde la combinación de una serie de dinámicas de riesgo como la presencia de grupos armados, el narcotráfico, la minería ilegal, el fenómeno de los flujos migratorios mixtos, entre otros, han generado un impacto desproporcionado en las mujeres que se ha manifestado en violencia sexual, prostitución forzada, extorsión, trata de personas y explotación sexual”.

Población Lgbti

Respecto de las condiciones socioeconómicas de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, se evidencia violencia continuada. De los 125 casos atendidos en 2018, 96,1% fue por hechos relativos a la violencia física; 53%, por violencia sexual; 42,8% por violencia patrimonial; 33,3% por violencia económica y 7,8% por violencia psicológica.

Al respecto, dice la Defensoría: “La violencia por prejuicio que se comete contra esta población pasa desapercibida por los operadores de justicia y por eso resulta preocupante que el 35% de los agresores de estas personas sean entidades públicas.

Y concluye: “Entre los más grandes retos del Estado en materia de violencia basada en género, está poner un límite y un freno a la violencia que se origina en sus propias instituciones, a partir de prejuicios y estereotipos de sus funcionarios”.