Un total de 55 hallazgos fiscales por $11.399 millones encontró la Contraloría General en la actuación especial que realizó en el primer semestre de 2019, a partir de una denuncia presentada en su momento por el entonces director de Coldeportes y hoy ministro del Deporte, Ernesto Lucena, sobre las inversiones en infraestructura deportiva realizadas por esta entidad desde 2015 hasta 2018.

Para este efecto, el organismo de control puso su lupa desde febrero a la inversión de más de $1.6 billones aportados en este período por Coldeportes a distintas entidades territoriales, a través de convenios suscritos con las mismas, que sumaban $1.8 billones.

Los escenarios deportivos financiados con esos recursos fueron objeto de visitas especiales por parte de un equipo de expertos auditores de la CGR.

De los 1059 convenios suscritos por Coldeportes, por la suma de $1.8 billones, fueron evaluados por la Contraloría 548 ejecutados en 304 municipios del país, revisando la inversión de $959 mil millones aportados por esta entidad estatal.

Se revisó la ejecución de los recursos invertidos en infraestructura deportiva en Bogotá Distrito Capital y los departamentos de: Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Guajira, Huila, Nariño, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Quindío, Santander y Valle del Cauca.

En el ejercicio de control fiscal que se adelantó en Bogotá D.C., se incluyó la revisión de 3 convenios interadministrativos suscritos entre Coldeportes y Fonade, Findeter y la Federación Colombiana de Fútbol, respectivamente.

En total la Contraloría General determinó la configuración de 257 hallazgos administrativos de los cuales 180 tienen presunta connotación disciplinaria, 55 tienen incidencia fiscal por $11.399.947.373,76, uno presunta connotación penal y en uno se solicitará el inicio de Indagación Preliminar.

Tres hallazgos tienen solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio y otros 6 tienen otras incidencias.

Como resultado de la actuación especial realizada a Coldeportes, durante las vigencias 2015 al 2018, la CGR considera que la ejecución de los recursos invertidos en infraestructura deportiva, en el período evaluado, cumple parcialmente con los principios de igualdad, moralidad, eficacia economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, y en términos generales con la normatividad legal vigente en materia contable, financiera y contractual, teniendo en cuenta que: se evidencian deficiencias en los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y control.

En los casos en que las cuentas bancarias generaron rendimientos financieros, fue generalizado que los entes territoriales no realizaran la devolución al Tesoro Nacional de estos recursos, tal como lo estipulaban los convenios respectivos; en algunos municipios la devolución se hacía de manera parcial, y otros están esperando la etapa de liquidación del convenio para realizarla.

Se advierte debilidad en la planeación de los proyectos de infraestructura deportiva.

Se detectaron proyectos de obra contratados por los municipios, pero incompletos en su documentación técnica (estudios y diseños). Lo anterior, a pesar que Coldeportes surte una etapa de viabilización técnica de los proyectos que los municipios le presentan para cofinanciar.

La Contraloría determinó que la supervisión y seguimiento a la ejecución de estas obras de infraestructura deportiva por parte de Coldeportes no es suficiente, toda vez que se le asigna a un profesional la supervisión simultánea de una gran cantidad de convenios, lo que denota que se presente una debilidad en el seguimiento, la vigilancia y el control de la ejecución de los recursos que aporta Coldeportes. Lo anterior conlleva a que se presenten incumplimientos por parte de los contratistas y/o firmantes de los convenios de las obligaciones contraídas.

Se evidenció, igualmente, que parte de las irregularidades encontradas en la ejecución de los convenios y contratos de obras derivados, se dieron debido a que se presentaron debilidades en la planeación.