Un perentorio llamado a los gobernadores y alcaldes hizo ayer la Procuraduría General de la Nación a realizar de manera diligente las acciones para poner en marcha el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2019 desde el primer día de clases.

El calendario académico A para los establecimientos educativos oficiales y privados comenzará el próximo lunes.

El Ministerio Público observa con preocupación los casos de los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Sucre, así como los municipios de Buenaventura, Ipiales, Palmira, Tumaco y Valledupar, que según informó el Ministerio de Educación Nacional, al 8 de enero no habían definido cómo efectuarán la prestación de este servicio, y en algunos casos, ni siquiera han realizado la publicación de pliegos para adelantar el respectivo proceso de contratación, lo que significa una eventual vulneración del derecho a la educación de 460.000 beneficiarios.

Desde el pasado mes de noviembre, la Procuraduría exhortó a los mandatarios de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) a cumplir con sus obligaciones para la prestación oportuna del servicio de alimentación escolar, con el fin de evitar que se presenten nuevamente demoras en el inicio de la operación del programa.

Añadió el Ministerio Público que “en 2018, solo 38 ETC iniciaron la entrega del complemento alimentario desde el primer día de clases. En más de la mitad del país la operación del PAE comenzó dos o tres semanas después, y en algunos casos, las demoras superaron los dos meses, situación que obligó a la Procuraduría a recurrir a acciones de tutela para garantizar la prestación del servicio”.

En Cartagena tampoco el PAE operaría desde el primer día de clases porque la convocatoria de licitación pública para contratar el servicio apenas se abrió hace pocos días. En el caso de Bogotá la contratación del PAE 2019 fue adjudicada desde septiembre pasado.

El órgano de control anunció que adelanta más de 200 acciones disciplinarias por irregularidades en la contratación y ejecución del PAE en el país.

El Ministerio Público enfatizó que vigilará la oportuna prestación del servicio de alimentación escolar y adelantará las acciones necesarias dentro de su competencia para velar por la garantía de los derechos a la educación, la salud, la alimentación equilibrada de los más de 5 millones de niños y los adolescentes beneficiarios del PAE. Para ello impartió instrucciones a los procuradores territoriales a fin de que informen sobre los cronogramas y condiciones para la operación plena y oportuna del programa.

El PAE en 2019 tendrá recursos para su operación por $1,07 billones, con un incremento de más del 40% en comparación con el presupuesto de 2018, a pesar de los hechos de corrupción que se han presentado con los contratistas en algunas regiones.

El Gobierno indicó que las dificultades actuales del PAE van desde la ineficiencia del uso de recursos, hasta los problemas de transparencia, fallas del servicio y la falta de seguimiento del impacto del programa.

El presidente Duque indicó que “el PAE ha sido usado para que haya una colusión de contratistas que se apodera de los recursos, a través de niños fantasma, otros se aprovechan de los convenios interadministrativos, eso ha sido denunciado por los organismos de control”.

Ajustes

En septiembre pasado el Gobierno nacional presentó un nuevo PAE, el cual contará con el trabajo coordinado de 15 entidades, incluyendo, entre otros, los ministerios de Educación, Hacienda, Salud, Industria y Comercio y Agricultura así como el Departamento Nacional de Planeación; la Fiscalía, la Contraloría General y la Procuraduría General.

Entre los ajustes al PAE se busca transparencia en la contratación. Se anunció que el modelo reconoce la existencia de tipos diversos de entidades territoriales, por lo cual se proponen esquemas de contratación que reconozcan las diferencias entre ciudades grandes y pequeñas, los departamentos, así como los programas para ruralidad y grupos étnicos.

En los demás casos, se definirán estándares mínimos de contratación o pliegos tipo, para evitar el direccionamiento.

De otro lado el Ministerio de Educación Nacional y Colombia Compra Eficiente, con apoyo de recursos de cooperación internacional, adelantarán estudios de sector en diferentes regiones del país que permitirán a las entidades contratantes conocer las condiciones de mercado de bienes y servicios, de manera que las entidades definan precios máximos y mínimos para la compra.

Estos estudios se harán separadamente para los diferentes grupos de alimentos de una parte, y los servicios de preparación y entrega de los refrigerios escolares, de otra.