Emilio Tapia declaró este miércoles en la Procuraduría, en el caso de corrupción del contrato que firmó el Ministerio de las TIC con Centros Poblados, donde se perdió un anticipo de 70.000 millones de pesos.

El empresario explicó la acusación sobre supuestas pólizas falsas que entregó la unión temporal para que le adjudicaran el contrato, que era para conectividad en zonas rurales.

Uno de los hechos que señaló fue que para conseguir el contrato "Aporté dos de las cuatro empresas y la otra empresa la aportó Juan José Laverde (directivo de Rave Seguros) y la otra fue la fundación de Juan Carlos Cáceres”.

Sobre el caso de falsas pólizas, Tapia explicó que “Rave era la corredora de seguros que nos suministraba las pólizas de seguros, para este contrato se les requirió a ellos y ellos eran los encargados de conseguir las pólizas".

“Luego Laverde me dice que en esta ocasión estaba complejo y me dijo que iba a hablar con el Mintic porque conocía a personas allí en el tema de riesgos. Pero luego me dice Laverde que no pueden bajarle al riesgo y que está complejo el tema”, dijo.

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Después el empresario señaló cómo se realizó el proceso con otra persona: ”Me dice Laverde hay una opción que él ha manejado con un cliente de Rave, un constructor, y que con él ha manejado un tipo de garantías que equivalen a las pólizas de cumplimiento, y me dijo que era un cupo de crédito con el Banco Itaú, que él lo conseguía y que había que pagarle una contraprestación por un lote en Santa Marta.

“Le digo a Juan Carlos de la otra opción y él me dice que le hagamos. Laverde me dice que no hay problema, que habló con el señor Jorge Molina, que además era su socio en otras empresas y contratos. Jamás dudé de eso porque Rave es una empresa de más de 40 años, reconocida a nivel nacional”, afirmó.

Sobre los pagos para las pólizas, Tapia dijo que el costro del trámite "se pactaron $2.800 millones, luego hubo un descuento porque ahí estaban incluidos los honorarios del señor Molina, y él insistía que tenían participación las personas del banco por la celeridad del trámite".

“Se le daban $2.800 millones y se le abrían espacios en otros temas para ver si él subcontrataba algún tema de obras civiles que requiriera el proyecto. Y de eso se pactaron tres cuotas, la primera de $1.000 millones que se le alcanzaron a pagar, y se cancelaron a las cuentas de las empresas del señor Molina, a una cuenta de la esposa del señor Molina, a unas cuentas del señor Laverde.

“Se pagaron antes de las garantías y después. El saldo se le iba a cancelar cuando entraran los dineros del proyecto para suplir unos préstamos que había hecho yo”, finalizó.