Durante el 2023, la entidad de derechos humanos registró 184 casos de reclutamiento forzado. Los departamentos donde más tuvo lugar el grave delito fueron Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Arauca, Valle del Cauca y Caquetá. Las comunidades indígenas, las más afectadas.

El Defensor del Pueblo llama al Gobierno Nacional, a los departamentales y municipales a fortalecer acciones de prevención cuya finalidad contribuya a que los menores de edad no sigan siendo reclutados por las estructuras armadas ilegales

“En la conmemoración de lo que se constituyó como la promulgación del ‘Protocolo Facultativo Adicional de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en los conflictos armados’ y del ‘Día Internacional de las Manos Rojas’, como llamados en contra del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales y de estructuras del crimen organizado, es importante visibilizar lo que hoy está sucediendo en Colombia, con el fin de que desde el Gobierno Nacional, los departamentales y municipales sean fortalecidas las acciones de prevención, las cuales permitan que no sigan siendo reclutados”, indica el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El Botón de registro de casos, de la Defensoría del Pueblo, conoció durante el 2023 un total de 184 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA), 110 fueron niños y adolescentes y 74, niñas y adolescentes.

Las edades de las víctimas oscilaron entre los 9 y 17 años, siendo el rango etario entre 14 y 17 en el que se concentró el mayor número, con 123 casos. En relación con la pertenencia, el 68,4% hacía parte de comunidades indígenas, siendo este grupo poblacional el más afectado por el delito.

Departamentos y municipios más golpeados

Del número global de casos de reclutamiento, 125 correspondieron al departamento de Cauca; 14, a Norte de Santander; diez, a Nariño; seis, a Putumayo; seis, a Arauca; cinco, a Valle del Cauca; cinco, a Caquetá; cuatro, a Amazonas; cuatro, a Chocó; tres, a Antioquia, y dos, al Meta.

Inzá (Cauca) fue el municipio donde más hubo casos, con 24. Le siguieron Páez (Cauca), con 20; Caldono (Cauca), con 18; Morales (Cauca), con 10; Tibú (Norte de Santander), con nueve; Suárez (Cauca), con siete casos de reclutamiento.

Las estructuras criminales que más reclutaron el año anterior

Los grupos armados ilegales que con mayor frecuencia habrían recurrido a tan cruel práctica fueron las facciones disidentes de las Farc (91,1%), la guerrilla del ELN (7%), otros (1,3%) y grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (0,6%).

Las cifras, sin embargo, no demuestran la realidad de la situación en Colombia, a juicio de la Defensoría del Pueblo, porque el fenómeno está relacionado con la ausencia de un sistema de información que garantice la confidencialidad de las víctimas y sus familias. De existir, contribuiría a evitar acciones directas de los actores armados contra las familias y comunidad en general, cuando hagan la denuncia del delito.

Las Alertas Tempranas de la entidad

Entre 2018 y 2023 la Defensoría del Pueblo emitió 299 Alertas Tempranas (AT), de las cuales 251 advirtieron sobre el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de NNA. En 2018: 73 AT; en 2019: 45; en 2020: 48; durante 2021: 22; en 2022: 31, y en 2023: 32 AT.

Los departamentos donde se advirtieron mayores riesgos relacionados con el delito fueron Choco: 37 AT; Antioquia: 26; Cauca: 29; Valle del Cauca: 29; Nariño: 24, y Norte de Santander: 22 AT.

Los municipios en donde la entidad de derechos humanos advirtió en mayor medida el riesgo fueron Bogotá, para un total de 13 AT; Buenaventura (Valle del Cauca): 13; Morales (Cauca): 12; Puerto Asís (Putumayo): 12; Puerto Colombia (Atlántico): 12; Tumaco (Nariño): 12 AT.

La instrumentalización de NNA

“Entre los principales riesgos que encontramos en nuestras Alertas Tempranas emitidas, particularmente en los últimos dos años, están las amenazas de muerte para ingresar y salir de los territorios, el narcotráfico y la distribución de sustancias psicoactivas; ello origina un escenario de riesgo y la generación de incentivos monetarios para motivar la vinculación de los menores de edad a los grupos armados”, señala Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo, no obstante, ha venido evidenciando la instrumentalización consumada que hacen de niñas, niños y adolescentes las estructuras armadas al margen de la ley.

“Por eso, le hemos recomendado al Gobierno Nacional, en el desarrollo de los diálogos de paz con los actores armados, sobre la necesidad de contar con un protocolo de atención y asistencia especializada para garantizar los derechos de los menores de edad, con enfoque diferencial por grupo etario”, afirma Carlos Camargo Assis.

El fin del protocolo es contar con autoridades competentes y roles en los procesos de desvinculación de niñas, niños y adolescentes para que sea garantizado el enfoque diferencial en el proceso de atención, y en el que sean vinculadas familias o redes de apoyo.

El llamado colectivo

Las niñas, niños y adolescentes no deben seguir portando uniformes y armas para combatir una guerra sin sentido que suma más de 60 años en el país.

“Nos corresponde como Estado, sociedad y familia garantizar y fortalecer entornos protectores, generando espacios que les permitan a la infancia y la adolescencia no seguir siendo víctimas de ningún tipo de violencia”, enfatizó el Defensor del Pueblo de los colombianos.