Un total de 36.000 integrantes de las Auc dejaron las armas producto de esta norma que impulsó el gobierno de Álvaro Uribe

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Dos grandes desmovilizaciones de grupos armados ilegales ha logrado el Estado en las dos últimas décadas, en 2006 por el sometimiento de los paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005) y en 2016 por el acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla de las Farc.

Era previsible que estos procesos se vieran salpicados por la violencia en contra de los excombatientes. En el caso de los primeros, en estos 14 años han sido asesinadas 18 personas.

La Ley de Justicia y Paz fue impulsada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe con el objeto de desmovilizar a los grupos paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que surgieron en los territorios como respuesta paraestatal contra las guerrillas, pero que en este proceso, ingresaron bien pronto en el negocio del narcotráfico y en su accionar violento fueron responsables de decenas de masacres que dejaron miles de campesinos muertos, tras señalarlos a dedo como supuestos auxiliadores de la subversión.

En total 36.000 personas se desmovilizaron de los grupos paramilitares, de los cuales 5.197, los jefes y todos los que tenían procesos pendientes, se postularon a la Ley de Justicia y Paz en donde la pena máxima contemplada es de 8 años, a cambio de verdad y reparación.

De igual forma, a la Ley de Justicia y Paz se sometieron 445 excombatientes de las guerrillas.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) indicó que de las personas que recuperaron la libertad por las medidas establecidas en la Ley 975 de 2005, modificadas por la Ley 1592 de 2012 y que ingresaron al proceso de reintegración particular y diferenciado de Justicia y Paz, como exintegrantes de grupos de autodefensas y de grupos guerrilleros, que registran estado ‘fallecido’ en el Sistema de Información para la Reintegración (SIR) de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) la cual ha sido obtenida con fundamento en el convenio de intercambio de información suscrito entre la ARN y la Policía Nacional, han sido asesinados 18 desmovilizados de los grupos de autodefensas y ninguno de los grupos  guerrilleros.

Acuerdo de paz

La violencia contra los desmovilizados de las Farc es uno de los problemas más graves que presenta el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con la hoy extinta organización en noviembre de 2016, pues en estos tres años y cuatro meses han sido asesinadas 187 personas, según cifra del partido político del mismo nombre.

Cerca de 14.000 integrantes de las Farc se acogieron al acuerdo de paz, de los cuales un poco más de 6.000 se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual fue creada por el acuerdo para aplicar justicia por los graves delitos cometidos durante el conflicto armado.

Los exintegrantes de las Farc están en la obligación  de someterse a la JEP, donde de todas maneras les es más favorable pues por tratarse de justicia transicional, la pena a la que se enfrentan es de solo 5 años de restricción de la libertad, aunque no van a la cárcel, a cambio de entregar verdad y reparar a las víctimas.

Los desmovilizados de las Farc  que se sometieron a la JEP son quienes fueron comandantes  e integraron el secretariado o el estado mayor, así  como mandos medios responsables de graves delitos.

De igual forma según el consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, “2.700 de los excombatientes están todavía en los antiguos ETCR, estas son las personas que están en 24 puntos y que están llevando a cabo su reincorporación de manera colectiva. Eso nos deja con más 8.900 que están dispersos en  todo el país y ellos están presentes en 522 municipios. Son personas cuya seguridad estamos protegiendo”.

Sin embargo, a pesar de las medidas que ha venido tomando la administración de Iván Duque, no se detiene la espiral de violencia y crímenes contra la población de desmovilizados de las Farc, especialmente en las zonas rurales.

Archila aseguró que “los hampones, los grupos de narcotraficantes son los responsables de más del 75% de estos homicidios”.

Añadió el funcionario que son más de 35 las medidas que el Gobierno ha tomado para brindar protección a los desmovilizados. Dijo que se tienen “más de 10 entidades de todo el Estado trabajando para ellos, de tener la UNP especializada para ellos, tener un cuerpo de la Policía solamente para ellos, tener un cuerpo del Ejército solo para ellos, tener avances en todas las investigaciones que se han hecho, muy por encima del promedio de la  Fiscalía”.

Sin embargo, para el partido Farc, el Gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a los excombatientes. Rodrigo Londoño, presidente de esta colectividad, la semana pasada subió un video a las redes sociales en el que pidió al presidente Iván Duque medidas para frenar esta violencia.

“Duque pare el genocidio. Cuando firmamos el acuerdo de paz, sabíamos que nos exponíamos a este tipo de situaciones. Lo que nunca pensé es que íbamos a tener un Presidente indolente, un Presidente que su inacción lo hace cómplice del genocidio que se está presentando con los exguerrilleros y exguerrilleras que firmamos el acuerdo de paz y con los líderes sociales que les están apostando a la paz”, dijo Londoño.

El  consejero Archila salió al paso de estas afirmaciones de Londoño, calificando como absurdo “pretender vincular a una persona (el presidente Duque) que está completamente jugado con un proceso”.

Por su parte el senador Carlos Lozada dijo que “estamos recogiendo toda la información necesaria para acudir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al Sistema de Derechos Humanos de la ONU y también al Consejo de Seguridad de la ONU” para denunciar la violencia en contra de los excombatientes y solicitar medidas cautelares.

También, dijo que han sido ineficaces las medidas que ha tomado el Gobierno para proteger la vida de los excombatientes, pues según él “se ha limitado a hacer análisis de planes sin que esas estrategias estén realmente dando resultados”.

Lozada dijo que es necesario poner en vigor las medidas, que con este propósito contempla el acuerdo de paz, como “la activación permanente de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la lucha contra el fenómeno del paramilitarismo, apoyar la construcción de los pactos locales y regionales, para erradicar la violencia del ejercicio de la política y fortalecer a la Fiscalía”.

De igual forma, el pasado lunes la Comisión de Paz del Congreso aprobó la creación de un organismo de alto nivel que se dedique exclusivamente al seguimiento de los casos de amenazas, riesgos y asesinatos de reincorporados o reinsertados en el país.

<FOTOLEAD>Al menos 36.000 personas de las autodefensas se sometieron al Estado por la Ley de Justicia y Paz.

DESTACADO> 2.700 de los excombatientes están en los antiguos ETCR: Archila

<RECUADRO>Pronunciamiento de ONU

Los más recientes hechos violentos contra desmovilizados de las Farc se registraron el 21 y 22 de febrero, cuando fueron asesinados Esder Pineda en Algeciras, Huila;  así como Winston Moreno y Kevin Cuesta, de 17 años de edad, hijastro de otro exmiembro de las Farc.

El Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dijo frente a los hechos que “condeno asesinatos contra quienes dejaron las armas. La muerte de 3 excombatientes en los últimos días es un llamado de urgencia para profundizar medidas de seguridad”.

De igual forma, Ruiz Massieu dijo sobre la reunión que sostuvo el pasado martes con integrantes del Partido Farc que “revisamos las medidas de seguridad y protección frente a los asesinatos de personas en proceso de reincorporación. Reafirmo el acompañamiento de Misión de la ONU en Colombia”.