Utilizando la técnica científica de análisis de datos, la Procuraduría General de la Nación detectó que tres gobernaciones y 15 alcaldías entregaron 52 contratos por cerca de $6.000 millones a 18 financiadores de campañas que estaban inhabilitados por haber aportado más de 2% del tope legal a las respectivas empresas electorales.

Para ello, el Ministerio Público analizó 172.000 contratos suscritos en 2020 y publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), en los cuales intervinieron 23.207 aportantes a las campañas electorales de 2015, 2018 y 2019.

Sin embargo, el organismo de control focalizó su acción de vigilancia en 120 contratos cuyo monto asciende a $45.909 millones, en los que participan financiadores de las campañas territoriales del año pasado que aportaron más del 2%.

Allí se encontró que los 52 contratos analizados suman $5.831,6 millones, lo que representa un retorno del 939,5% frente a los $620,74 millones que entregaron los financiadores en 2019.

De acuerdo con el procurador Fernando Carrillo, “los mandatarios que celebraron contratos con personas naturales o jurídicas que estaban inhabilitadas serán objeto de investigación y están en la obligación de darlos por terminado, según corresponda en cada caso, mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren”.

Esta labor de la Procuraduría General a través de su Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y con apoyo de la Unidad de Gestión de Información e Inteligencia y el Grupo de Control Electoral, forma parte de la función preventiva y atendiendo a las denuncias presentadas por Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa.

Con quién contrataron

El informe señala que las 20 entidades públicas que celebraron contratos con financiadores presuntamente inhabilitados son las gobernaciones de Vichada, que suscribió uno con Jorge Eliezer Forero Gaitán por $1.714 millones; la de Atlántico, que firmó dos con la firma Tasset S.A.S., por $1.074 millones; y la de Boyacá, que lo hizo a través del Instituto de Tránsito de Boyacá con Cayo Nixon Rincón Velandia -Transporte Los Muiscas S.A.-, por $24 millones.

En lo que tiene que ver contratos suscritos por las alcaldías, figuran:

- ESE Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita del municipio de Itagüí, Antioquia. Firmó nueve contratos por $1.053,8 millones con Ascolsa.

- ESE Hospital Divino Niño de Buga, Valle. Suscribió cuatro negocios jurídicos con Orthox Servicios Médicos, por $689,57 millones.

- Alcaldía de Puerto Rico, Caquetá. Firmó cuatro contratos con Nubia López Torres -Fundación Un Mañana Mejor- por $495,3 millones.

-Alcaldía de Argelia, Antioquia. Firmó cinco contratos con Carlos Alberto Arcila -Granera Carlos y Oliva-, por $293,25 millones.

- Alcaldía de Piamonte, Cauca. Firmó cuatro contratos con Manuel Antonio Gutiérrez Ramos, por $172,3 millones.

- Pueblo Bello, Cesar. Firmó un contrato con la Asociación de Productores Agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Martha, por $93,5 millones.

- Alcaldía de Támesis, Antioquia. Firmó dos contratos con Juan Carlos Coronado Cardona (Granero La Prendería), por $63,11 millones.

- Alcaldía de Villa de Leiva Boyacá. Firmó cinco contratos con Luis Jorge Castillo Poveda, por $39,3 millones.
- ESE Hospital Local de Montelíbano, la E.S.P. Jaguazul S.A., y la Alcaldía de Montelíbano, Córdoba, con tres contratos con SON Impresores S.A.S., por $32,9 millones.

- Alcaldía de Barbosa, Antioquia. Firmó un contrato con Silvia Ruth Gómez García -Catering Santa Mónica, por $24,5 millones-.

- E.S.P. Domiciliarios de Carmen de Viboral, Antioquia. Firmó cuatro contratos con Bibiana Astrid García Tobón (Distribuciones Distrimax), por $20,81 millones.

- Alcaldías de Consacá, Nariño. Firmó dos contratos con Lorena Elizabeth Guarnica Gómez, por $14,77 millones.

- Alcaldía de Repelón, Atlántico. Firmó dos contratos con Diego Alberto Arteaga Lagarez, por $16 millones.

- Alcaldía de Maceo, Antioquia. Firmó un contrato de $7,05 millones con Jorge Alberto Cataño Orrego.

- Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Espinal E.S.P. Firmó un contrato con Crispín Ariel Cartagena Gómez, por $2,99 millones.

La delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública dio traslado de su informe con incidencia disciplinaria para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).

Directiva No. 024

En su informe, la Procuraduría General de la Nación a través de la Directiva No. 024 alerta a gobernadores, alcaldes y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas sobre la inhabilidad de contratar con financiadores de campañas políticas que hayan superado el tope del 2%, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1778 de 2016.

Según la norma, los responsables de estas administraciones no pueden celebrar contratos con las personas naturales o jurídicas que financiaron sus campañas políticas, si sus aportes fueron superiores al 2% de los topes electorales fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Directiva exhortó a los gobernadores, alcaldes, y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas del nivel departamental, distrital y municipal a:

1. Cumplir con la normativa contractual, en especial con el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, y abstenerse de celebrar contratos con las personas naturales o jurídicas que financiaron sus campañas políticas a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores a 2%.

2. En caso de haber celebrado contratos con personas naturales o jurídicas que se encuentren en la situación del numeral anterior, determinar la pertinencia de adoptar las medidas establecidas en los artículos 44 y 45 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, los regímenes especiales, o acudir a la jurisdicción, según corresponda.