Pasados 15 meses del Auto 387 de 2019, con el que la Corte Constitucional reiteró y precisó los términos de la Sentencia T-236 de 2017, en relación con las condiciones que debe cumplir el Gobierno para poder reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato, el Ejecutivo todavía espera poder tener listos esos protocolos antes de finalizar el año.
Sin embargo, poner nuevamente en marcha el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (Pecig) requiere estudios que según fuentes consultadas por EL NUEVO SIGLO en el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Salud están bastante avanzados, pero no alcanzarían a completarse este año.
El mencionado Auto verificó el cumplimiento de órdenes proferidas en la Sentencia T-236 del 21 de abril de 2017, condiciones que se desprenden del fallo de 2015 que mandó suspender el uso del herbicida y que fueron precisadas y actualizadas en febrero, cuando la Sala Plena de la Corte reiteró que el Consejo Nacional de Estupefacientes debe definir la reanudación del Pecig teniendo en cuenta toda la evidencia científica y técnica disponible sobre la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente así como las opciones que ofrecen los instrumentos de política pública para la solución al problema de las drogas ilícitas.
En diciembre, la Casa de Nariño publicó el borrador del decreto que busca reactivar el uso del glifosato y hace un mes el presidente Iván Duque explicó que “al darse la situación de pandemia y al existir un fallo judicial que impedía la consulta previa de carácter virtual, lo que se ha hecho es correr los tiempos, pero nuestra agenda de Gobierno y de responder los protocolos se mantiene para, con la ayuda de Dios, tener este proceso culminado finalizando este año y tener esa herramienta adicional”.
“Teníamos un fallo de la Corte Constitucional donde para el uso de la aspersión aérea se necesitaba cumplir una serie de protocolos, algunos que prácticamente eran imposibles, como la evidencia inequívoca del daño a la salud, porque eso no existe frente a la gran mayoría de productos de consumo humano”, manifestó, anotando que tras sugerir una modulación de la sentencia, “ese proceso se surtió el año anterior, se hizo ese avance, y se estableció por parte de la Corte seis protocolos que hemos venido construyendo donde tienen que haber estudios de impacto ambiental y social, y si hay afectación a comunidades ancestrales”.
Plan de manejo
Semanas antes, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo anunció que ya se cuenta con el material y los equipos necesarios para reiniciar en Colombia la aspersión aérea con glifosato. El jefe de la cartera aclaró que para proceder hace falta la autorización de las autoridades ambientales, así como la verificación del cumplimiento de las condiciones que estipula la Corte Constitucional.
El plan se ejecutaría en 104 municipios de 14 departamentos, divididos en seis zonas, siendo Meta, Guaviare y Vichada los primeros en recibir las aspersiones, esto según lo detalla la cartilla del Plan de Manejo Ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos ilícitos mediante Aspersión Aérea presentada por la Policía Antinarcóticos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Los otros 11 departamentos son Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Chocó y Valle del Cauca.
A esto se refería el presidente Duque con “un fallo judicial que impedía la consulta previa de carácter virtual”, porque deben reprogramarse en forma presencial las audiencias virtuales que la ANLA espera estar ya adelantando. La primera, programada para el 1 de septiembre, se canceló por orden judicial.
Aspersión aérea
El mes pasado, al ‘certificar’ el desempeño de Colombia en la lucha contra las drogas ilícitas en 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “para alcanzar nuestro objetivo compartido de cinco años de reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína a la mitad para fines de 2023, Colombia debe seguir adelante con la reanudación de la erradicación aérea, que sigue siendo una herramienta insustituible en el arsenal del Gobierno junto con la erradicación manual y el desarrollo económico alternativo”.
En 2015, la Corte Constitucional ordenó suspender el uso del glifosato, con base en evidencia acumulada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los riesgos de este herbicida para la salud humana.
Duque precisó que la erradicación manual no se puede suspender: “Se tiene que hacer sustitución, se tiene que hacer desarrollo alternativo y pago con servicio ambientales además de aspersión con precisión conforme a los lineamientos de la Corte”.
El 26 de junio, la misma Casa Blanca publicó apartes del informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (Ondcp), el que según una estimación de 2018 el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia siguen siendo altos pero se están estabilizando.
La estimación indica que el cultivo de coca en Colombia disminuyó de 209.000 hectáreas en 2017 a 208.000 hectáreas en 2018. De manera similar, la producción potencial de cocaína pura también decreció de 900 toneladas métricas puras en 2017 a 887 toneladas métricas puras en 2018. El cultivo en Colombia se mantuvo en niveles históricamente altos en 2018, aunque fue el primer año en que la cosecha no aumentó desde 2012.
Conforme a lo expresado por Trump, las expectativas de la Casa Blanca son que en 2023 las hectáreas sembradas de coca hayan caído hasta abarcar un área total de unas 104 hectáreas y la producción potencial de cocaína no supere 443 toneladas métricas puras.
Cifras del Gobierno calculan que entre enero y julio de 2020 la Fuerza Pública erradicó 54.059 hectáreas de cultivos ilícitos en el país y que la meta de este año es de 130.000 hectáreas, para lo cual aumentó los grupos que se dedican a esta tarea.
Durante un debate en el Congreso, el ministro Trujillo aseveró que el propósito del Gobierno “es superar año por año las cifras, para conseguir la meta de erradicar la mitad hacia el año 2023”.
Según un documento de septiembre, publicado por el Observatorio de Drogas, del Ministerio de Justicia, “la aspersión aérea se realiza en Colombia a partir de 1992 con cultivos de amapola y en 1994 con cultivos de coca. En el período de 1994 a 2000 se asperjó un promedio anual de 50.000 hectáreas de coca y se incrementó a un promedio de 126.000 hectáreas entre 2001 y 2005. El mayor pico se produjo en 2006 con 172.000 hectáreas sembradas con una tendencia descendente en los siguientes años. En 2011 se asperjó un total de 103.300 hectáreas de coca, y en 2012 se asperjó 100.549 hectáreas. Las operaciones más intensas de aspersión se realizaron inicialmente en el departamento de Putumayo, donde se logró una notable reducción del área sembrada en coca, sin embargo los cultivadores se desplazaron hacia el andén pacífico, el cual dio inicio a uno de los principales núcleos de coca en la actualidad”.
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¿Prohibición?
Pero hay otra amenaza al propósito del Gobierno. La Comisión Quinta del Senado tiene pendiente darle primer debate a un proyecto de ley que prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la política nacional de drogas. Se trata del proyecto 120 de 2020 Senado, radicado el 20 de julio por congresistas liberales y de oposición, que ya cuenta con ponencia negativa (presentada por los senadores Alejandro Corrales, del Centro Democrático; José David Name, del Partido Social de Unidad Nacional –La U–; Didier Lobo, de Cambio Radical; y Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador) y positiva (radicada por Guillermo García, del Partido Liberal; Jorge Eduardo Londoño, de la Alianza Verde; Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático; y Pablo Catatumbo Torres, del partido Farc).