Al menos 143 familias, integradas por 589 personas, de cuatro comunidades indígenas y campesinas se desplazaron hacia el centro poblado de la comunidad de Simbra, perteneciente al Resguardo Indígena Embera Katío del Alto Sinú, ubicado en la cuenca del río Verde, municipio de Tierralta (Córdoba).
Así lo dio a conocer este fin de semana la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) a través de un documento elaborado con apoyo de la Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia (Umaic) e información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Córdoba, Defensoría del Pueblo y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv).
Según la OCHA, del total de personas en situación de desplazamiento, 27 familias sufrieron la mayor afectación por su cercanía al lugar donde se registraron los combates entre las Fuerzas Militares y un grupo armado organizado (GAO) no identificado; las 116 familias restantes también se desplazaron a este lugar por el temor a las hostilidades registradas en la zona y por solidaridad con la población desplazada de la vereda con mayor afectación. De las 27 familias, se sabe que 13 son indígenas y 14 son campesinas.
Las personas desplazadas se alojan en viviendas de la comunidad indígena Simbra, no obstante, hay carencia de espacios para alojar al total de familias desplazadas.
De acuerdo a la información recopilada por la OCHA, auscultando las necesidades de esta población en condición de desplazamiento, se ha evidenciado la necesidad de alimentación y asistencia nutricional ante posibles casos de desnutrición de niños y niñas en esta región. Tampoco se cuenta con agua potable para el consumo ni para las otras labores; los habitantes de las comunidades afectadas obtienen el agua de un pozo estancado donde también se encuentran animales. Se están construyeron viviendas improvisadas (cambuches) con palos y plásticos, por la falta de albergues. Además se reporta que hay afectaciones en salud física y emocional.
Hace ocho días, anotó el informe de OCHA, hizo presencia en la zona una comisión de verificación integrada por la Uariv, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y funcionarios de la Alcaldía de Tierralta. Allí se hizo seguimiento de la situación y se tomaron las declaraciones y el censo poblacional.
Para hoy y mañana está programada una brigada médica con entrega de medicamentos por parte del hospital municipal.
La Alcaldía dispuso de $15 millones para entregar alimentos a la población desplazada y se comprometió a elaborar un oficio a la Gobernación de Córdoba para solicitar ayudas.
El ELC de Córdoba continúa monitoreando la situación y atento a coordinar acciones de respuesta, en caso de una respuesta complementaria.