Después de varios días de discusión, el Gobierno Nacional y los directivos de la Mina Paz del Río llegaron a un acuerdo para permitir la extracción y comercialización del hierro y el carbón, y por los que la Nación recibirá 13 billones de pesos.

Se trata de un acuerdo de prórroga condicionado para prolongar el proceso extractivo del carbón hasta 2039 (contrato 070 de 1989) y hasta 2022 para extender sus operaciones de hierro (contrato 06 de 1985), “el metal se utiliza en la siderurgia Acerías Paz del Río asegurando la actividad comercial y la generación de empleo en la región”.

“Al igual que con el contrato de Cerro Matoso S.A. en este caso priman los aspectos sociales, ambientales y se logran mayores beneficios económicos para el país, factores indispensables para el desarrollo sostenible del sector minero y el progreso de las regiones mineras”, dice uno de los apartes del documento.

En ese sentido, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y Minas Paz del Río definieron un nuevo esquema de los contratos mineros que aplican para el departamento de Boyacá.

Por ello, el acuerdo para el caso del carbón “incluye un incremento en la compensación económica que recibirá el país, como un porcentaje de aumento de regalías que pasa del 10% al 15% desde el momento de la firma del acuerdo para producciones inferiores a 2.5 millones de toneladas”.

También se incrementa al 19% si se supera este volumen y alcanza niveles cercanos a los 8 millones de toneladas. “Estos cambios ligados a una mayor producción y mejoras logísticas generará cerca de 13 billones de pesos adicionales al país en los próximos 27 años”.

En el acuerdo se incluye un compromiso de inversión tecnológica para alcanzar niveles de producción establecidos puesto que hoy la compañía extrae unas 200 mil toneladas de carbón al año, “para pasar a 2.5 millones de toneladas en siete años”.

En cuanto a la producción de hierro, “la compensación será de un 2% adicional al actual”.

Entre otras cosas, Acerías Paz del Río deberá hacer una inversión social obligatoria del 1% “sobre las utilidades operacionales, sin embargo, esta no podrá ser menor a los 720 mil millones de pesos invertida directamente en la zona de influencia de la mina”.

En el acuerdo se lee que para que todo lo anterior se cumpla es necesario que se formalicen a más de 400 mineros “entre trabajadores, dueños de las minas y terceros que hacen parte del encadenamiento productivo de la región y quienes bajo las nuevas condiciones harán parte del proyecto”.

En lo que respecta a las sanciones y multas para la protección de los recursos naturales, se establece una ampliación de poder y “establece sanciones económicas por afectaciones o incumplimientos más severas que el contrato original”.

Ante ello, el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo dijo que el Gobierno Nacional, “de la mano con la comunidad, le hará especial seguimiento al tema y velará por el cumplimiento de este acuerdo de manera muy similar a como se planteó en el acuerdo de Cerro Matoso”.

A su turno, la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, María Constanza García, indicó que con este acuerdo el Gobierno Nacional quiere demostrar que la tecnificación y la formalización son no solo necesarios sino también posibles para el avance de la minería, un claro ejemplo es el acuerdo firmado con Minas Paz del Río, el cual beneficiará mucho más y de manera directa al departamento de Boyacá”.

Adicional a ello, el Ejecutivo consideró que con la firma de este acuerdo “se abre la posibilidad de viabilizar un proyecto de gran trascendencia para el país”, como la construcción del ferrocarril Carare-Caribe que tiene una extensión de 910 kilómetros.