Ante lainminente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra Colombia por su responsabilidad frente a los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia en 1985, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado anunció que buscará reducir los impactos del fallo.

La directora de la entidad Adriana Guillén dijo que la Nación enfrentará los alegatos finales del proceso ante la Corte con un cambio de posición, lo que incluye aceptar la responsabilidad en algunos de los casos.

“El Estado colombiano va con un cambio de lenguaje. Hemos revisado cada uno de los casos. La Nación reconocerá la responsabilidad que deba reconocer en relación con las pruebas que obran dentro del expediente”, precisó Guillén.

La estrategia, que estará dirigida por un nuevo grupo de agentes encabezado por Julio Sampedro, planteará atenuar los efectos del fallo, proceso en el que los familiares de las víctimas piden 24 millones de dólares como reparación.

“La única forma de que no condenen al Estado colombiano es que las víctimas aparezcan. De manera que el Estado debe estar preparado para una condena, pero la misión de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es atenuar los impactos negativos de una eventual condena”, afirmó la funcionaria.

Tras los alegatos finales que se realizarán en Brasilia, Brasil, del 12 al 14 de noviembre, se espera que entre un mes y seis meses la Corte anuncie el fallo.

No obstante, Guillen recordó que en Colombia los familiares de las víctimas han sido reparados económicamente a través de sentencias del Consejo de Estado.

Reacciones

Jorge Molano, abogado de las víctimas del Palacio de Justicia, dijo que en la audiencia del próximo mes se espera que la Nación reconozca las desapariciones que ha documentado la Fiscalía, así como otras prácticas.

“Esperaríamos a que el Gobierno fuera consecuente con lo que ha sido la situación del Estado y entienda que, como ya lo ha demostrado la Fiscalía General de la Nación, la responsabilidad no es por dos desaparecidos sino por 11. Adicionalmente el Estado tendría que responder por las torturas y ejecuciones extrajudiciales y que no ha hecho lo suficiente en materia de justicia”, aseguró Molano.

El jurista agregó que se espera que “se dicte una sentencia ejemplarizante contra el Estado colombiano”.

A su turno, el excomandante de las Fuerzas Militares, general retirado Harold Bedoya, calificó como un desconocimiento al derecho a la defensa la posición de la Agencia en la medida en que estos casos están en casación.

“El Estado no se ha defendido. Las investigaciones no se han terminado. Están en casación. Ahora viene un Tribunal Internacional fallando sobre  algo que no se ha culminado en Colombia. El Estado estaría propiciando esa falta de derecho a la defensa”, afirmó Bedoya.

El general en retiro dijo que con esto “se desmoraliza una institución que cumplió con su deber en su debido momento, que fue reconocida por el mundo entero. Después de 28 años van a terminar condenando a unos inocentes”.

Además de Sampedro, la nueva Comisión la integran los exmagistrados Eduardo Cifuentes y Alexei Julio, así como los juristas Adelaida Ángel y Carlos Gómez.

El caso hace referencia a la desaparición forzada de doce personas, a la desaparición y muerte del magistrado Carlos Horacio Urán, así como la detención y tortura de otras cuatro personas en hechos ocurridos durante la retoma militar del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985, que había sido asaltado un día antes por el Movimiento 19 de Abril (M-19).

Cambio de posición

El cambio de posición se da después de la contestación de la demanda que hizo Colombia a la Corte IDH en la que afirma que los las muertes y las desapariciones ocurridas después de la retoma fueron responsabilidad exclusiva del M-19 y que las once personas que aún están desparecidas murieron calcinadas en el incendio.

“Los civiles desaparecidos perecieron calcinados bajo la custodia del grupo insurgente que los tomó como rehenes al interior del Palacio de Justicia (...) Entonces, la presunta violación a sus derechos obedeció, única y exclusivamente, a la acción de un tercero”, precisó el abogado Rafael Nieto, lo cual causó polémica por el desconocimiento de varias sentencias del Consejo de Estado.

Otros casos en la Corte IDH

El exterminio de los integrantes de la Unión Patriótica, partido político conformado en 1985, fue llevado a instancias internacionales y está próximo a ser fallado.

Al respecto Guillén dijo que “lo que queremos es agotar una solución amistosa. Cuando el caso se presentó había 500 víctimas, hoy lamentablemente estamos en 5.000 víctimas. Es muy importante establecer cuáles de esas tienen esa condición”.

De la misma forma el caso Génesis, operación militar que desplazó a más de 4.000 habitantes de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó en Chocó, está a punto de resolverse. Según la denuncia, la intervención realizada por la Brigada 17 del Ejército, estuvo apoyada por grupos paramilitares para combatir al Frente 57 de las Farc. La operación de tres días realizada en febrero de 1997, incluyó fuertes bombardeos a la zona. La operación fue comandada por el general en retiro Rito Alejo del Río, condenado por homicidio.