Acaba de ser creada la Unidad Nacional de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

Esta dependencia, a la que dio vida la Procuraduría, los ministerios de Minas y Medio Ambiente y la Fiscalía General, contará con 22 fiscales especializados, encargados de investigar, entre otros, la contaminación ambiental, invasión de áreas ecológicas, explotación ilícita de yacimientos naturales y, en general, todas las irregularidades que afectan el ecosistema.

La fiscal general, Viviane Morales Hoyos, firmó la resolución 0-3438 de 2011 mediante la cual le asignan a esta nueva unidad el objeto de adelantar investigaciones penales en contra de particulares o empresas que atenten contra los recursos naturales del Estado y pongan en peligro el ambiente.

Además, está unidad tendrá la potestad de ejercer las labores necesarias para obtener la reparación del daño ocasionado como consecuencia de una explotación ilegal de recursos naturales.

Minería ilegal, contaminación de fuentes hídricas, invasión de terrenos de uso público o explotación de zonas reservadas o de patrimonio natural serán algunos de los frentes que deberá asumir la Unidad Nacional de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

Investigaciones por daño en humedales, construcción ilegal en los cerros de Bogotá o la vigilancia con lupa de empresas que explotan el carbón a cielo abierto en el Cesar o La Guajira serán temas obligados que deberá tener en cuenta esta nueva unidad. El reto, según informaron fuentes del ente acusador, será ponerle coto de una buena vez a las mafias que se mueven en el mercado negro de los recursos naturales.