Tras la polémica generada por la supuesta obligación de los municipios para la construcción y administración de cárceles que establecería el proyecto de Código Penitenciario, la ministra de Justicia, Ruth Estella Correa, aclaró que los municipios de categoría Quinta y Sexta quedarán excluidos de esta responsabilidad.

En la sustentación del proyecto en la Comisión Primera de la Cámara, la Ministra dijo que la intención del Gobierno no es generarle mayores cargas a los entes territoriales.

“No es propuesta del Gobierno establecer más obligaciones para los municipios, al contrario. Proponemos excluir a algunos municipios de esa obligación, consciente de la insuficiencia de recursos, concretamente a los municipios de categorías quinta y sexta”, recalcó.

“Se ha creado una confusión en relación con que el Ministerio de Justicia es el que está haciendo propuestas en el sentido de crear más responsabilidades a los municipios. Esa no es la intención del Ministerio de Justicia. Bien podríamos desaparecer la modificación que estamos proponiendo”, señaló.

Correa puntualizó que también “hay una norma en la que se establece que el Ministerio de Hacienda debe garantizar los recursos para la implementación directa del Código”.

La alta funcionaria explicó que se busca actualizar la responsabilidad de los municipios en la detención de las contravenciones, hoy inexistentes en el Código Penal.

“La norma actual establece que esa obligación de los municipios es para los detenidos preventivamente y los privados de la libertad por contravenciones. Las contravenciones eran válidas a la luz del Código del ochenta, pero que en el nuevo Código Penal no existen, como no existen, lo que proponemos es actualizar la norma, eliminando el párrafo que hace referencia a la detención por contravenciones”, afirmó.

Escepticismo

La asignación a gobernadores y alcaldes como encargados de la construcción y administración de cárceles, generó cuestionamientos de los mandatarios regionales y de las asociaciones de municipios.

Al respecto, el gobernador del Meta, Alán Jara, cuestionó las nuevas responsabilidades sin que se haya definido la parte presupuestal.

“El tema penitenciario lo veo con mucha preocupación porque es una nueva responsabilidad, en la que no están definidos los recursos. Descentralización sin recursos no es descentralización”, aseguró Jara.

 “En materia carcelaria la crisis es de un tamaño descomunal. Pensar que la solución puede estar en cabeza de las alcaldías y las gobernaciones, es muy preocupante porque estas no tienen recursos. La verdad es que las rentas de los departamentos no son elásticas. Son unas rentas que no crecen. Así la problemática no se va a solucionar”, recalcó el Mandatario.

A su vez, el presidente de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), Gilberto Toro, señaló que los proyectos deben tener una mayor concertación con los mandatarios regionales.

 “Nosotros no estamos de acuerdo con que se le entreguen a los municipios nuevas competencias si no van acompañadas de unos recursos que así lo garanticen. En este país nos hemos especializado en entregar competencias y los recursos los siguen concentrando”, manifestó.

Por su parte, Ómar Flórez, director de la Asociación de Ciudades Capitales, coincidió con Alan Jara al señalar que el asunto presupuestal pone en duda estas competencias.

“El tema de recursos es una variable demasiado sensible, toda vez que los presupuestos municipales están sumamente ajustados. Esperamos que la descentralización se consolide, no solo trasladando competencias del Gobierno nacional, sino enviando los debidos recursos que se requieren. Una descentralización que solamente se limite a trasladar competencias y facultades sin el debido soporte financiero no garantiza éxito”, afirmó Flórez.

La semana pasada la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en el primero de cuatro debates, la reforma al Código Penitenciario y Carcelario.

 Ante las polémicas recientes por los permisos a detenidos procesados en graves escándalos de corrupción la Ministra Correa acogió una propuesta del representante Alfonso Prada para que se restrinjan los permisos cuando muera un familiar hasta cuarto grado de consanguinidad y cuando el interno esté enfermo.