Multas por más de 147.136 millones de pesos impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) durante este año, a multinacionales y empresas colombianas por violar los derechos de los consumidores.
El jefe del organismo, Pablo Enrique Robledo, recordó que temas como el de la sanción de más de 10.000 millones de pesos que la SIC le impuso a Telmex, es solo alguno de los más conocidos.
En este caso, la multa fue impuesta por haber hecho efectivas cláusulas de permanencia mínima a usuarios de televisión por cable, “en épocas en las cuales esto estaba prohibido para dicha compañía. La imposición y cobro de estas cláusulas por parte de Telmex pretendía limitar la libre competencia en el mercado de televisión”.
También se cuenta la sanción de más de 45 millones de dólares impuesta a Claro (Comcel) por abusar de su posición de dominio en el mercado de telefonía móvil celular.
“La empresa sancionada incurrió en tal conducta al vender equipos con bandas bloqueadas y al negar las solicitudes de los consumidores de apertura de las mismas, impidiendo así que consumidores se cambiaran a otros operadores celulares”, agregó la Superintendencia a través de un documento.
Además, la SIC también sancionó a Claro por implementar una estrategia encaminada a inflar las cifras sobre los resultados en materia de portabilidad numérica, “según la cual se haría creer falsamente a los consumidores que el gran receptor de nuevos clientes a raíz del inicio de la portabilidad numérica era Claro”.
El Superintendente también impuso una sanción de casi 5 mil millones en contra de la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA), por abusar de su posición de dominio en el mercado de instalaciones de gas domiciliario. “Esta es la sanción más fuerte que por protección de la competencia se ha impuesto a una empresa de servicios públicos”.
Entre otros temas, el 8 de abril la SIC ordenó abrir investigación con pliego de cargos contra 18 personas naturales (representantes de ingenios azucareros) por la presunta realización de un cartel de fijación de cuotas de producción en el mercado del azúcar.
Investigaciones
“Entre los investigados se encuentran importantes personalidades de la vida empresarial como Juan José Lulle, representante legal de Incauca S.A. y Luis Fernando Londoño Capurro, exministro de agricultura y hoy presidente de Asocaña. Las 18 personas vinculadas complementan la lista de 15 ingenios y gremios que la Superintendencia ya se encontraba investigando con anterioridad”, añadió.
En cuanto a las cementeras, también abrió investigación con pliego de cargos en contra de Argos, Cemex, Holcim, Cementos Tequendama y cementos San Marcos, y sus representantes legales, por la presunta realización de un acuerdo anticompetitivo en el mercado del cemento, que habría derivado en un incremento de los precios de este producto básico en el país.
Entre otros casos, resalta que por presuntas prácticas restrictivas de la competencia, la Superintendencia de Industria abrió investigación y formuló pliego de cargos contra tres Entidades del Distrito Capital, y 10 funcionarios y ex funcionarios, entre ellos el Alcalde Gustavo Petro.
De su despacho también salió la decisión de imponer una multa al Grupo Nule por $32.420 millones, por realizar acuerdos ilegales en contratación pública y logró que se realizaran de forma transparente las elecciones en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de cinco intentos por frenarlas a través de un carrusel de tutelas promovido por personas inescrupulosas, interesadas en controlarla ilegalmente.