La Superintendencia de Industria y Comercio tiene en la mira a las empresas cementeras por supuestamente violar la libre competencia y acordar precios anticipadamente, con lo que podrían ser multadas hasta en 60 mil millones de pesos por cada infracción.
Así lo sostuvo el Superintendente de Industria y Comercio, Pedro Felipe Robledo, al intervenir durante un debate en el Congreso hecho por el representante por Córdoba, David Barguil.
El funcionario dijo que “como el país lo sabe hace un tiempo abrimos investigación formal contra cinco empresas cementeras a 14 altos funcionarios de ellas, se les formuló pliego de cargos y en este momento se está notificando esta decisión para que ellos presenten sus descargos”.
Además, la investigación se da por un presunto acuerdo o cartel para determinar el precio del cemento y repartirse las cuotas del mercado desde el punto de vista geográfico, por eso “vamos a mirar a ver qué explicaciones dan y qué pruebas piden las empresas y en su momento se adelantará la investigación y se procederá a sancionar o absolver”.
Al ser preguntado sobre la modificación de funciones de la Superintendencia que pidió el congresista, dijo que “la Superintendencia tiene cosas qué mostrar, trabaja de manera adecuada, tiene las herramientas en instrumentos, tiene más presente y futuro que pasado. Cosas buenas están por venir y el país puede esperar cosas muy importantes de la autoridad nacional de competencia que es la Superintendencia de Industria”.
Incluso dijo que “antes de que el representante Barguil hablara del tema del cemento y algunos medios de comunicación, ya la Superintendencia desde hace año y medio venía monitoreando el sector del cemento, practicando visitas a las empresas, les había solicitado información y estaba en etapa de indagación preliminar. Personalmente mucho antes y primero que ellos, hablé en una entrevista en la Revista Semana sobre el tema del cemento”.
Por su parte, el representante David Barguil presentó pruebas de la relación comercial que al parecer existe entre las mismas. El congresista explicó cómo ante la posible repartición, cartelización y acuerdos de precios, “se ha permitido que en Colombia se venda un bulto a 25 mil pesos, mientras que en Nicaragua a 10.506 pesos, en República Dominicana $13.439, Perú 14 mil pesos”.
Dijo que tener el bulto más caro de la región significa que ha habido abusos por parte de los productores, por lo que el tema “no ha tenido resultados desde hace 16 años que empezó la primera investigación desde que empezó la autoridad competente y nada ha pasado”.
Entre algunos de los ejemplos de precios entregados por Barguil está que un bulto de cemento en una ciudad a 20 kilómetros de la fábrica vale lo mismo que en ciudades a 150 y 200 kilómetros de la misma.
Durante el debate en la Comisión Tercera de la Cámara, Barguil mostró correos electrónicos en los que se evidencian que “en una junta en Panamá contaron cómo se repartieron el mercado de Cementos Andino luego de que lo compraron”.
Otro del 31 de julio de 2012, “el gerente de Negocios Masivos de Argos, Ingrid Restrepo, le envía un correo al director Comercial de Holcim, Jaime Gil, y se acuerda una reunión de las dos empresas para discutir la reserva de calizas que es uno de los principales insumos para la fabricación”.
Otro del 3 de octubre de 2012, “el gerente de Abastecimientos de Holcim, Gabriel Gutiérrez, le escribe a Ingrid Restrepo y le solicita cotización para 3.500 toneladas de cemento puestas en Barranquilla o Cartagena”.
Hay uno en el que se evidencia que en una reunión en Panamá “un alto ejecutivo de Holcim, Jorge Neira, dice cómo se repartieron, luego de que Argos comprara Cementos Andino, el mercado, y uno se preguntaría cómo que se reparten el mercado si el único que lo compró fue Argos, pues se lo repartieron para compensar la guerra de precios y todos tuvieran una ganancia, y hay una reunión del Nogal de diciembre en la que subieron los precios de manera conjunta”.